La exinterventora del Ayuntamiento reconoce que sufrió presiones de Romero para informar favorablemente sobre el abono de facturas a determinados proveedores

También denunció ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Algeciras, donde compareció como testigo el pasado mes de febrero, graves irregularidades en el plan de pago que llevó a cabo el Consistorio barreño en 2012, con financiación procedente del estado a través del Ministerio de Hacienda, y cuya tramitación la fiscalía investiga

Redacción | Los Barrios

La exinterventora del Ayuntamiento de Los Barrios admitió ante el juez el pasado mes de febrero que sufrió presiones por parte del alcalde, Jorge Romero, para que informara favorablemente respecto al pago a determinados proveedores. La funcionaria municipal, que estuvo al frente de la Intervención municipal entre 2004 y 2012, hizo dicha afirmación en el transcurso de la declaración que efectuó ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Algeciras, donde compareció como testigo de la causa abierta en la que se investigan las presuntas ilegalidades cometidas por Romero y su equipo de gobierno en la tramitación y aprobación del plan de pago a proveedores llevado a cabo por el Consistorio barreño en 2012.

En su declaración, la interventora municipal reconoció ante el juez que informó desfavorablemente sobre cada una de las facturas que el equipo de gobierno presidido por Jorge Romero incluyó en dicho plan y que lo hizo “por corresponder dichas facturas a deudas que no estaban siquiera registradas a 31 de enero de 2011, cuando debían estarlo para poder ser incluidas en el plan; por no contar ni con el visto bueno ni la conformidad de ningún funcionario, certificando la recepción por parte del Consistorio barreño del bien o servicio facturado, y por vulneración de lo previsto en la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas”. Asimismo, reconoció que informó de la presunta ilegalidad de incluir en el citado plan de pago, financiado a través del Ministerio de Hacienda, deudas millonarias de las empresas municipales que ya por entonces estaban disueltas y sometidas a concurso de acreedores.

La funcionaria declaró, además, que el alcalde no adoptó resolución alguna respecto a las reclamaciones de cobro presentadas por los proveedores que solicitaron acogerse al plan de pago, a pesar de ser la única autoridad facultada para ello, y que dejó pasar el plazo previsto en el procedimiento para que la totalidad de dichas reclamaciones, como consecuencia del silencio administrativo adoptado por la institución, fueran aceptadas. También afirmó ante el juez que en la tramitación del plan de pago advirtió de numerosas irregularidades, como la inclusión de facturas duplicadas o ya prescritas y hasta certificaciones de obras y pagarés con intereses.

La interventora no solo denunció ante el juez supuestas presiones de Romero para que emitiese determinados informes en sentido favorable, también denunció la reducción de personal que el alcalde llevó a cabo en la Intervención, para dificultar la tarea de fiscalización de este departamento, tal y como consta en el documento al que ha tenido acceso este diario.

La investigación emprendida por la fiscalía y trasladada al Juzgado de Instrucción nº 2 de Algeciras tiene su origen en una demanda que interpuso la empresa Iglesias Peral, S.L. contra Jorge Romero y su equipo de gobierno por pagar facturas de las empresas municipales cuando estas ya habían sido disueltas y se encontraban sometidas a concurso de acreedores, lo que podría constituir un delito de alzamiento de bienes. No hay que olvidar que precisamente el hecho de que dichas empresas estuvieran ya en tal situación ha sido la razón que el actual alcalde ha ofrecido infinidad de veces a través de los medios para explicar el impago de las nóminas de trabajadores, como en el caso de las cuatro empleadas de Recaudación.

Fuentes jurídicas consultadas por la redacción de este diario digital estiman que, si la causa abierta finalmente prospera, Romero y otros miembros de su equipo de gobierno podrían ser imputados, sentarse en el banquillo y enfrentarse a penas de varios años de inhabilitación para cargo público.

Noticias relacionadas