Hace ya 37 años que España no registraba una inflación de dos dígitos: en junio se alcanzó el 10,2% y todo apunta a la consolidación en lo que resta de año de un IPC (Índice de precios al consumo) muy elevado. El viernes se conoció la inflación en la zona euro, también en registros elevados (8,6%), pero, desde luego, dos puntos menos que la media española.
Solo el hecho de haber llegado a ese 10% habría justificado la creación de una especie de gabinete específico, a modo de gabinete de crisis, en el seno del Gobierno de España para evaluar qué es lo que está pasando, qué se puede hacer y cómo paliar los efectos.
Además, si se da por buena la famosa cogobernanza, en ese gabinete deberían participar las comunidades autónomas, las corporaciones locales y, por supuesto, los agentes económicos. Sin embargo, la única respuesta del Gobierno que preside Pedro Sánchez es la del espectador pasivo, como si no pasara nada, como si no afectara a empresas y particulares lo que ocurriendo.
Lo único que se ha hecho es aprobar un paquete de medidas anticrisis que fue elaborado antes de que se conociera esa inflación adelantada del 10% y con serias dudas sobre la capacidad real para ser efectivo -como ya está ocurriendo con la tan cacareada “excepción ibérica” en la regulación de la energía-.
Mientras, el Banco Central Europeo ya ha dado un primer aviso de lo que se avecina: está articulando un mecanismo de respuesta inmediato ante el temor a que, de mantenerse la inflación alta, y con la subida de tipos de interés como primera receta para contener la inflación, España tenga -al igual que Italia- serias dificultades para hacer frente a sus compromisos por el elevado nivel de endeudamiento, sobre todo del sector público. Es más, las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros van orientadas precisamente a seguir elevando esa deuda, mientras que la recaudación fiscal crece no tanto por un aumento de la actividad como por el factor perverso de esa inflación, que encarece el coste de bienes y servicios.
Escudarse en la guerra de Ucrania como que es la culpable de todo no es de recibo. Esas tensiones inflacionistas existían ya antes de la invasión de Ucrania por Rusia. Y es cierto que esa operación ha acentuado la escalada por su impacto en el coste del gas, pero recordemos que el suministro energético de España no depende directamente de Rusia, con el añadido de que los países que sí están con ese problema ya están diseñando y aplicando planes de ajuste. Aquí, como se ve, es todo lo contrario, seguimos mirando la luna.
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