Con la liberalización el mercado eléctrico dejará de estar regulado como hasta ahora, aunque el Gobierno mantendrá en vigor un precio máximo y un precio mínimo, que fijará el Ministerio de Industria y que se actualizará periódicamente. Se trata de la denominada Tarifa de Último Recurso, que afectará a más de 20 millones de hogares en toda España y podrá aplicada por las empresas eléctricas que cuenten con una distribución e infraestructuras adecuadas y una solvencia acreditada, como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, E.on o Hidrocantábrico Energía.
A la aplicación de la citada tarifa se pueden acoger los usuarios con suministros de baja tensión y aquéllos que no realicen ninguna gestión para acceder a las ofertas del mercado libre, que continuarán, en ese caso, siendo clientes de la compañía eléctrica suministradora de su zona.
Los ciudadanos que tengan dudas al respecto o precisen de más información pueden dirigirse a la empresa que actualmente les suministra la electricidad, Sevillana Endesa, o a la Omic de Los Barrios.
Además, para subsanar los problemas que se les presenten a los usuarios durante la transición desde el modelo de mercado eléctrico regulado al modelo de libre competencia, la Comisión Nacional de la Energía ha creado la denominada Oficina de Cambios del Suministrador y creará también próximamente la Oficina de Defensa Del Consumidor de Productos Energéticos, que no sólo informará, asesorará y resolverá conflictos, sino que a través del sistema arbitral de consumo velará por la solución de las diferencias que de un tiempo acá se han ido generando con motivo del nuevo procedimiento de facturación de la electricidad implementado por las empresas.
