José Antonio Ortega | jaortega@jaortega.es - www.jaortega.es
Lo dije cuando no era más que un proyecto que aún no estaba ni debidamente tramitado, ni, por tanto, aprobado por Las Cortes. Y lo reitero ahora que ya es ley. La legislación en materia de transparencia de la que nos hemos dotado gracias al Ejecutivo de Rajoy es puro paripé. Como lo son, por lo demás, y permítaseme la osadía, la mayoría de los textos legales del mismo tenor que le han servido de modelo y que están vigentes en países europeos de nuestro entorno. En mi opinión, puede considerarse una auténtica tomadura de pelo a los ciudadanos. Una manera, en definitiva, de engañarles para que se crean que todo o casi todo cuanto se podía hacer desde las instituciones a fin de combatir el exceso de chanchullos se está haciendo, lo que no parece que sea verdad, si a las pruebas nos remitimos.
Lamentablemente, la entrada en vigor de dicha legislación no va a lograr que automáticamente nuestras administraciones se vuelvan más transparentes, ni quienes las dirigen más honestos de lo que son, si es que lo son. Y sería ingenuo, por no decir estúpido, pensar lo contrario.
La corrupción en el entorno de nuestra cosa pública no era ni es un problema que tenga que ver con la ausencia de regulación sobre el comportamiento de quienes nos gobiernan, sino más bien con su contrastada falta de moral y, sobre todo, de honra. No se trata tanto de hacer crecer nuestro ya de por sí casi mastodóntico ordenamiento jurídico como de respetar de una puñetera vez el que tenemos y modificarlo sólo en todo aquello que sea auténticamente necesario.
Para que los ciudadanos sepamos de lo que ocurre con o dentro de nuestras administraciones y podamos disponer de libre acceso a la información de nuestro interés no urgía sacarse una nueva norma legal de la chistera. Bastaba con cumplir toda la legalidad vigente respecto a esta materia, que no es poca, por cierto, en un estado democrático y de derecho como lo es éste en el que vivimos.
El principio de que los administradores han de rendir cuentas a los administrados sobre su gestión está contemplado en nuestra Constitución, si mal no recuerdo. Pero es que, aunque no lo estuviera, sí que lo está implícitamente en la concepción misma de la democracia y su funcionamiento. Al menos en el concepto de democracia tal y como lo entendemos aquí en Europa. No creo que hubiera ni que haya necesidad de recordar a quienes se dedican a la actividad política que no está bien robar y mentir a la ciudadanía. Creo que de lo que había y hay necesidad es de castigar como se merecen a quienes roban y mienten mientras se dedican a dicha actividad. Pero, sobre todo, de lo que sí estamos necesitados es de mucha más cultura cívica –Educación para la Ciudadanía, que tan poca gracia le hace, vete tú a saber por qué, a la derecha de este país– y mucha menos cultura empresarial mal entendida.
Comparto plenamente lo que la pasada semana declaraba la directora de Access Info Europe, Helen Darbishire, en declaraciones a la prensa española a propósito de todo esto de lo que hablo y del portal online de carácter informativo puesto en marcha por el Gobierno del Partido Popular. Para favorecer la transparencia se precisa mucho más que una página web y una ley que el que manda puede pasarse por el forro, como se pasa otras tantas cada vez que le viene en gana. Se precisa un cambio profundo que –ya lo he señalado en alguna otra ocasión– no puede ser liderado por quienes están bajo sospecha.
Como diría mi abuela, lo que hace falta son menos leyes y más vergüenza.
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