El Real Decreto 926/2020 por el que se declara el Estado de Alarma ha previsto una serie de herramientas para que las Comunidades y Ciudades Autónomas puedan luchar contra la pandemia. Se trata de un listado de medidas que, aunque no suponen suspensión de derechos fundamentales, los limitan de manera importante. Así, pueden adoptar esas medidas sin someterse a procedimientos administrativos y sin intervención judicial previa. Sin embargo, Asturias ha sido la primera en solicitar el confinamiento domiciliario, pero, curiosamente un Estado de Alarma previsto, en principio para seis meses, no tiene este tema previsto y tendría que modificarse ese Real Decreto para incluir expresamente el confinamiento domiciliario.
Y esto es muy preocupante porque se ha realizado con una vocación de permanencia y con una voluntad, según, nos dice de “cogobernanza” cuando esta fórmula no existe en el ordenamiento jurídico. De ahí que se estén produciendo estas disfunciones y confusiones en estos días que nadie sabe, realmente, por dónde tiene ir y qué competencias reales tiene.
Y así nos encontramos, con Asturias, Melilla y Castilla-León pidiendo a gritos ese confinamiento domiciliario. Los expertos no paran de hablar de la necesidad de llevarlos a cabo como lo han hecho países del entorno (Francia, Alemania, Reino Unido y próximamente Portugal e Italia).
Y estamos viendo a diario con una media de doscientos muertos al día que tal y como estamos, la pandemia no se detiene. La respuesta dada tanto por el Ministro de Sanidad y la Vicepresidenta del Gobierno hablan, ahora, de esperar, como mínimo, hasta el día nueve de noviembre. Ahora mismo, Fernando Simón está diciendo en el Canal 24 horas que todavía no es necesario y pide un margen suficiente para valorar estas peticiones. Cada día que pasa son doscientos muertos más y seguimos siempre por detrás de la pandemia, además, de la terrible tristeza de la situación de abandono de las ciudades de Ceuta y Melilla.
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