El reciente anuncio por parte del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrias, de que la Ley de Financiación Local no será aprobada definitivamente hasta el próximo 2011 ha puesto de manifiesto la escasa voluntad del Gobierno Central para resolver de una forma definitiva la problemática que desde hace años afecta a todas las Corporaciones Locales.
Me he referido a la misma en numerosas ocasiones, y siempre he pretendido eludir el debate político entre los dos grandes partidos porque entendía que la falta de recursos y la asunción de competencias que no le son propias, y por tanto no retribuidas, era una circunstancia que de una forma u otra afectaba a todos los ayuntamientos con independencia del color político que lo gobernaran en un momento dado.
No obstante y llegado este momento y a pesar de las continuas reivindicaciones efectuadas en este sentido por Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, los peores augurios se han cumplido y el Gobierno socialista del Sr. Rodríguez Zapatero ha priorizado la reforma de la financiación autonómica a la de los Entes Locales.
Y no sólo ha preferido anteponer dicha reforma autonómica a fin de complacer fundamentalmente las reivindicaciones catalanistas de sus socios en el tripartito, si no que se encuentra en la actualidad con un déficit publico que se ha quintuplicado en los últimos tiempos, llegando a alcanzar el 4,6% del PIB.
Cifras que unidas a una política de parcheos e improvisaciones, cuyo exponente mas claro han sido las medidas de contraprestación de desempleo, sitúan al Gobierno en una coyuntura difícil de acometer cualquier reforma de carácter estructural en cuanto a la financiación de las Corporaciones Locales. Una vez más los ayuntamientos deben esperar…
Los ayuntamientos, que son la administración más cercana a los ciudadanos, verdaderos motores de la economía, se encuentran en la actualidad en la situación más difícil bajo el punto de vista económico desde la instauración de la democracia en nuestro país.
Partiendo de una insuficiente y discriminatoria distribución de recursos entre las distintas administraciones del Estado, que nos sitúa en este sentido en el vagón de cola de la Unión Europea, de la asunción de competencias que no le son propias ante la indolencia de las Comunidades Autónomas, preferentemente y finalmente ante el desplome del sector inmobiliario del que se habían nutrido los recursos variables de las Entidades Locales, nos encontramos ante un panorama desolador que pone seriamente en peligro la estabilidad presupuestaria y, pese a los esfuerzos realizados, puede suponer a corto o medio plazo una merma sensible en los servicios que se prestan a los ciudadanos.
Frente a ello tan sólo nos proponen “medidas excepcionales”, que hoy por hoy se encuentran indeterminadas y que en ningún caso resolverán la problemática estructural que nos embarga. Las Corporaciones Locales no necesitamos en ningún caso medidas excepcionales susceptibles de la voluntad política de cada momento. Se requiere una reforma estructural que equilibre los recursos y las competencias asumidas, sin olvidar recursos suficientes para dotar de un margen de maniobra que garantice una efectiva autogestión, cuyo derecho a favor de las Corporaciones Locales se encuentra consagrado en nuestro régimen constitucional.
Lejos del Palacio de la Moncloa y el de Santa Cruz, somos los ediles de cada municipio los que necesitamos recursos e instrumentos suficientes porque en nosotros recae la responsabilidad de atender y satisfacer las demandas de servicios y bienestar de los ciudadanos, verdaderos protagonistas de nuestro régimen democrático.
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