Patricio González García | Escritor y Analista
Este domingo se decide el futuro político de Andalucía, una comunidad autónoma castigada como la que más por la corrupción, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, hasta el punto de que hay cerca de un millar de imputados pendientes de explicar en los tribunales el incierto destino de más de 6.000 millones de euros sin justificar.
La mayoría de los casos están protagonizados por la formación política que lleva 32 años presidiendo la Junta de Andalucía.
La falta de alternancia ha hecho que los escándalos de la historia autonómica andaluza se acumulen con carácter exclusivo en el debe socialista. Si ahora son conocidos sobre todo el caso ERE, el fraude masivo con las ayudas para formación de la Consejería de Empleo o las facturas falsas de UGT Andalucía, o el caso Fitonovo (Con ramificaciones en Algeciras) en los años 80 fueron el caso del edificio Presidente y el pelotazo frustrado de Costa Doñana; en los 90 el famoso maletín con comisiones del caso Ollero (en el que el hermano del director general de Carreteras fue cogido in fraganti con 22 millones de pesetas en metálico) o la condonación de créditos de Caja de Jerez a los principales dirigentes del PSOE andaluz; y, en la pasada década, los negocios de los hermanos Chaves a través de Climo Cubierta y el caso Matsa, sobre la ayuda multimillonaria que ahora la Junta reclama judicialmente por la vía contenciosa a la empresa minera en la que trabaja la hija del que fuera durante 19 años presidente de los andaluces( Chaves).
La corrupción ha sido uno de los debates centrales de la campaña andaluza. Ayer mismo volvía a salir a la palestra que el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla está investigando el presunto amaño del mayor concurso público licitado y adjudicado por la Junta de Andalucía en los menos de dos años de Presidencia de Susana Díaz: la contratación del servicio de ambulancias de la provincia de Sevilla a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos SL por un montante de unos 245 millones de euros.
Después de conocerse que la empresa Andaluza de Ambulancias SL (ADA) ha presentado una querella criminal por irregularidades contra 16 personas -entre ellos, varios altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS)-, la candidata socialista intentó zanjar la polémica echando balones fuera: “En los líos de las empresas y de los concursos nunca me voy a meter», aseguró ante los periodistas en Motril antes de garantizar que se aplicará el criterio tanto de la Intervención General como de la Justicia «con total transparencia”.
Y en medio de este rifirrafe a cuenta del enésimo escándalo de corrupción de la Junta, ayer UPyD denunciaba ante la Policía el asalto y robo en su sede de Sevilla de documentación relacionada con los casos en los que el partido ejerce la acusación popular. “Es lo que tiene meterte con la mafia en los casos ERE y UGT. Nos roban en la sede de Sevilla. Tranquilos, lo seguiremos haciendo”, tuiteó el candidato de UPyD a la Junta, Martín de la Herrán.
Pues ahí lo tienen, seis mil millones sin justificar y todos los casos de corrupción desde hace 32 años. Que ustedes lo voten bien.
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