Los plazos establecidos para las ayudas que aprobó el Gobierno en 2023 con el fin de hacer frente a la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania terminan este próximo 31 de diciembre. Para dar continuidad a estas medidas de protección a las economías familiares, tendrían que prorrogarse antes de esa fecha y parece que la intención del Ejecutivo está en la línea de ampliar los plazos establecidos, aunque aún no se ha oficializado prórroga alguna. Está pendiente de mantener para 2024 la bonificación al 100% de los abonos de Renfe para cercanías y media distancia. Finalizan también las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para que puedan aplicar descuentos al transporte público. Igualmente se espera que se renueven el bono de alquiler joven y el bono de cultura, así como la suspensión de los desahucios para personas y hogares económicamente vulnerables y sin alternativa ocupacional. Son esenciales para auxiliar a las economías domésticas la reducción del IVA de los alimentos, el precio de la bombona de butano y la rebaja de los impuestos energéticos. La elevada inflación en los precios de los productos de primera necesidad ha disparado el coste medio de la cesta de la compra, tanto en alimentos frescos, carne y pescado, como el azúcar, aceite o los huevos. Muchas familias que ya viven al límite de sus recursos podrían verse en graves dificultades para afrontar el día a día si las ayudas gubernamentales dejan de prorrogarse.
El Gobierno no puede ignorar que las perspectivas de crecimiento para este próximo año, según la OCDE, se quedarán en un 1,4% y que se están congelando el crédito y el consumo. España es la economía, de las grandes del euro, donde más han bajado los salarios reales y la pérdida de poder adquisitivo se ha situado en un 5,3% en 2022, diez veces superior a Francia y el doble que Italia; pese a que el sueldo medio creció en casi ochocientos euros, la inflación absorbió el incremento. Aunque los salarios subieron menos que en Alemania, Francia e Italia, el Gobierno se negó a deflactar la tarifa del IRPF. A pesar de que las cuentas españolas están ya fuera de los parámetros fijados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la UE presione en favor de unos presupuestos restrictivos, el Ejecutivo debe fijarse como prioridad mantener la ayuda a las economías más vulnerables y dejar en segundo plano otros gastos más prescindibles.
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