Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educación de la Confederación General del Trabajo (CGT)
Ya casi no se habla, casi no se comenta y hace días los medios de comunicación, que algo deben ganar con la publicidad de las marcas de automóvil, lo van pintando como si el fraude de los motores contaminantes de Volkswagen sólo es un asunto menor y que pelillos a la mar. Total es frecuente que se hagan chanchullos entre las grandes compañías. No es extraño, y no se tiene noticias de ninguna de las grandes, grandes, que no haya sido modestamente multada por burlar la ley, por confabular con otras para alterar el mercado, para alterar la tan defendida, por ellas mismas, “libre competencia”. Como esto es así, ¡para qué escandalizarse!. Al parecer, nadie fuera de la propia Volkswagen parece saber el número de coches afectados. Dice la empresa que sólo han sido 600.000 vehículos los “trucados”, en España. Del millón cuatrocientos mil de vehículos afectados en Europa occidental, sólo 577.000 se encuentran en Alemania, siendo los modelos afectados A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 (que se fabrica en Barcelona) y Q5. Pocas horas más tarde de estas declaraciones de la empresa madre, Skoda anunció que un millón doscientos mil de sus coches llevan el dispositivo fraudulento y Audi también hizo lo propio.
Y la primera preocupación de directivos y políticos no se fijó en los efectos nocivos contaminantes, ni siquiera en el enorme fraude a los consumidores y la competencia desleal que la marca alemana ha venido realizando a escala casi planetaria. El problema, para el Ministerio de Industria del PP, fue que no vaya a mosquearse la Volkswagen y deje de invertir en España los 3000 millones de inversiones prometidas. De hecho la empresa ya ha anunciado que se perderán de inmediato algunos centenares de empleos, eso sí precarios contratados con ETTs (empresas de trabajo temporal).
Pero no se preocupen que, siempre según la empresa, este “error” ha sido motivado por un solfware de nada, que por cierto nadie sabe cómo por qué y quién lo ha hecho. Probablemente estaba jugueteando con los programas informáticos del “ordenador” de abordo y se le fue la mano. Tampoco nadie cuenta cómo es posible que este fraude haya escapado a los “expertos y eficientes” controles estatales sobre los niveles de contaminación de los motores. Por supuesto que la cúpula directiva de la compañía no tenía ni pajolera idea de nada y que, cuando el mandamás de la firma en EEUU se enteró en 2014, se tomó su tiempo para “investigar” el alcance de todo lo que se podría saber, para evidentemente poner toda, ¡toda!, la información en manos del gobierno Norteamericano.
Y este maravilloso, espectacular e infantil cuento se lo creen todos y cada uno de los medios de comunicación que del asunto, después de publicar las notas de prensa y declaraciones de la empresa promotora del fraude, dejan de decir absolutamente todo de nada. Avientan las declaraciones del Ministro de Industria del Gobierno del PP, que donde decía digo, ahora dice Diego y tan tranquilo se queda. Es más se juega con el lenguaje trasladando el asunto de la contaminación a un ámbito “menos dañino” ya que no se producía por CO2, según la empresa, sino por óxidos de nitrógeno (NOx). Entendiendo “solamente se superaron en 40 veces los límites autorizados.
Evidencias las hay: Primero se ha defraudado a los consumidores; segundo se ha emitido grandes cantidades de gases nocivos; tercero la única fuente de información sobre esta tremenda canallada es la propia empresa y cuarto que el Ministerio de Industria del PP mira para otro lado. Sólo este drama justificaría una derrota electoral en toda regla. Pero para desviar el asunto ya están los independentistas.
¿Y quién debe responder con dineros en cantidades astronómicas para resarcir del fraude y para disuadir a todos los fabricantes que tengan algo oculto o intención de ocultar? Evidentemente no la empresa, como pretende la Justicia, ya que se pondría en riesgo el trabajo tan necesario. Deben asumir el costo de tal fraude y el castigo consecuente, aquellos que decidieron qué hacer y cómo hacerlo. También quienes dicen que controlan el mercado sin controlarlo, unas cuantas dimisiones de ministros y altos cargos y años de cárcel y perdida de todo su patrimonio para directivos que estaban en el ajo. Buscar a las personas culpables y que ellos paguen. ¡Ah! y una vez definida la parte de las ganancias que se han generado que se devuelvan a las personas consumidoras defraudadas.
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