José Antonio Ortega | jaortega@jaortega.es - www.jaortega.es
Echándole un vistazo a la noticia sobre la charla ofrecida por el PP local a los agricultores me ha venido a la memoria una frase que, salvo mejor criterio, viene muy al caso. No por mucho que se repita una mentira se convierte en verdad. Y esto es lo que está pasando con respecto al discurso que los populares van difundiendo allá por donde pueden para defender el trato que la nueva PAC otorga a Andalucía, gracias a la bondad y la genialidad de don Miguel Arias Cañete y su equipo en el ministerio del ramo. Cuando lo que resulta indiscutible, a la luz de lo que hoy por hoy se sabe, es que el nuevo reparto de las subvenciones de la Política Agraria Común correspondiente al período 2014-2020 supone todo un fiasco para el campo andaluz. Digan lo que digan el presidente del PP barreño y los compañeros de filas que la pasada semana vinieron a soltar el rollo sobre la materia en cuestión a los que fueron a escucharles.
Los números cantan por sí solos. A pesar de que la comunidad autónoma andaluza concentra el 24 por ciento de toda la producción agrícola de España, es la única a la que se le reducen las aportaciones procedentes de Europa durante los próximos seis años. Así como la única también que pierde fondos destinados al desarrollo rural, pese a que el presupuesto de la UE haya incrementado la consignación para nuestro país. Y, aunque pueda ser cierto que en períodos anteriores esta región salió mejor parada en relación a otras, no menos lo es que viene de padecer un déficit histórico en cuanto a atenciones y cuidados por parte de la administración estatal, que nadie, o casi nadie, discute, y que ha sufrido numerosos agravios comparativos, dicho sea sin ánimo de abusar del victimismo.
La realidad es que son unos 418 millones de euros lo que el propio Ministerio de Agricultura calcula que Andalucía va a dejar de percibir. Más de quinientos millones, según el gobierno de la Junta y la consejera Elena Víboras.
Aunque particularmente dolorosa y lamentable es la merma prevista en los fondos Feader, cifrada en unos 211 millones, que exigirá a la administración autonómica un esfuerzo económico para compensar dicha pérdida y mantener los programas y las inversiones que con dichos fondos se financian en los pueblos andaluces. Como preocupante el perjuicio para el sector del olivar de montaña, presente en más de 400.000 hectáreas, no incluido como beneficiario de los subsidios directos.
Lo de la tasa plana aplicable al cien por cien para la concesión de las subvenciones (esto es, una cantidad fija por hectárea de cada explotación sin tener en cuenta otras variables) es puro cuento que los populares se sacan de la manga. Una afirmación extraída del argumentario que el partido de Rajoy facilita a sus representantes para intentar explicar a los ciudadanos andaluces lo inexplicable. Porque, si bien es verdad que dicho criterio estuvo encima de la mesa al comienzo de la negociación de la nueva PAC, a propuesta de la Comisión, también lo es que terminó siendo retirado por no ser considerado como el más idóneo. Y no gracias única y exclusivamente a la presión de la delegación española, sino también a petición de otros países, como Francia e Italia, por ejemplo.
Claro que, si albergan alguna duda sobre este menester, el señor Gil y compañía pueden dirigirse al gobierno castellano-manchego de la señora De Cospedal a fin de que se la aclare. Ya que, por si no lo saben, la presidenta de Castilla La Mancha estaba entre quienes no ha mucho abogaban por la citada medida, que no es que haya sido relegada del todo, por cierto, sino limitada, y que, dicho sea de paso, parece estar ideada para beneficiar a los grandes propietarios más que a los pequeños.
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