José Antonio Ortega | jaortega@jaortega.es - www.jaortega.es
La jueza Alaya ha sorprendido esta última semana por enésima vez. Y lo ha hecho en esta ocasión, no por recasarse, esto es, por renovar los votos matrimoniales con la persona que ya lleva casada treinta años, sino por imponer, como ha impuesto, una fianza de más de 29 millones de euros a doña Magdalena Álvarez. Una resolución como mínimo controvertida y polémica, teniendo en cuenta que todavía se está a la espera de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla se pronuncie sobre el recurso que contra su imputación presentó la ex ministra de Fomento y ex consejera de Economía de la Junta.
Vuelvo a meter los pies en un charco en el que quizá no debiera, pero pienso que en lo que se refiere al modo de proceder de la señora Alaya desde que asumió el caso de los eres la cosa está pasando de castaño a oscuro. Y pienso igualmente que dicho modo de proceder le puede salir caro en el futuro. A poco que algunos de entre los muchos afectados por sus decisiones más que discutibles apelen al amparo de sus derechos y reclamen por los daños morales innecesariamente sufridos.
No sé si a lo largo de los varios años que lleva investigando esta lamentable trama de corrupción Alaya ha incurrido en alguna presunta ilegalidad. Aunque sí está claro que ha dilatado la instrucción en exceso, que se ha resistido, y resiste, a inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, o el Supremo, no imputando a aforados a los que sí señala, lo cual resulta cuando menos sospechoso, y ha dictado autos en los que, en alguna medida, sí que se excede.
Lo hizo, por ejemplo, al sacarse de la manga la preimputación, figura que no existe, puesto que lo normal es que se impute o no se impute, y lo hace ahora precondenando a la ex ministra, cuya imputación ni siquiera es firme, antes de ser juzgada.
Lo que voy a decir a continuación no es políticamente correcto, pero lo digo. Me da a mí que, si en lugar de estar metiendo el dedo en el ojo al PSOE, se lo hubiera estado metiendo al PP, y su entorno, la señora Alaya estaría a día de hoy a punto de ser suspendida cautelarmente como magistrada en ejercicio.
A mí no me inspira confianza una jueza que parece más preocupada por lucir modelito cada vez que entra y sale de su juzgado con aire altanero. Aunque, obviamente, esto no es más que la impresión, y con toda probabilidad errónea, de un servidor, basada en un prejuicio estético-ideológico apenas fundado, que carece de validez como prueba.
En repetidas ocasiones he opinado sobre el tema de los eres y he hablado del bochorno que me produce. Como no podía ser de otra manera, me indigna que se haya permitido el desvío de dinero público para fines a los que no estaba destinado, que haya habido malversación y, en definitiva, que toda una caterva de mangantes, a la sombra de la administración, e incluso con la connivencia de algunos de quienes de un modo u otro la representan, se haya estado poniendo las botas durante unos cuantos años.
Pero creo que no se puede concluir como concluye Alaya que el sistema de las ayudas sociolaborales que el gobierno regional puso en marcha en su día para el rescate de empresas en crisis fuera ideado por Chaves, Griñán, Álvarez y compañía para delinquir, porque, además de falso, es tremendamente injusto. Ni se puede convertir este caso, como parece pretender la jueza, en una causa general contra la Junta y contra el parlamento autonómico.
Si aplicamos la lógica que se supone está aplicando la titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, las responsabilidades sobre las irregularidades cometidas tendrían que hacerse extensivas a todos los diputados que desde 2000 a 2011 votaron sí a los presupuestos andaluces. Algo completamente absurdo.
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