Se suponía que después de las agónicas votaciones del último pleno del Congreso, el Partido Socialista, Sumar, Junts y el resto de aliados parlamentarios habían aprendido la lección y se habían conjurado para evitar sesiones de ese tipo. No tanto por la incógnita, que siempre es entretenida, como por la imagen de falta de coordinación, de manera que cada cual iba a ver cómo sacaba algo más de los partidos que están sentados en el Consejo de Ministros.
También se suponía que el proyecto de ley de amnistía para los implicados en el desafío soberanista catalán de 2017 era piedra angular de la mayoría que hizo posible la investidura, pues sobre él pivotará en gran medida la continuidad de Pedro Sánchez y de su equipo. Si aceptamos esas dos premisas, no hay manera de defender que este martes, cuando se acababa el trámite de presentación de enmiendas al proyecto de ley, los partidos defensores del mismo hayan ido cada uno por su lado.
Incluso en el bando del nacionalismo catalán hay notables discrepancias, con Junts y ERC manteniendo unas distancias crecientes y jugando a desgastarse mutuamente para ver si así arañan unos votos de cara a unas elecciones que todavía no tienen fecha. En cuanto al Partido Socialista, ese ejercicio de fe que supone pensar que la amnistía ayuda a normalizar la convivencia en Cataluña no encaja del todo con lo que escuchamos de los líderes soberanistas. En especial en el caso de Junts, cada vez más excluyente en sus manifestaciones, a la par que exigente, pues insiste en que o hay referéndum o la legislatura asistirá más pronto que tarde a su «colorín, colorado».
En la vida parlamentaria, lo único que entusiasma por ahora es que se mantiene el consenso entre los partidos mayoritarios para quitar de la Constitución la palabra ‘disminuido’ y sustituirla por la expresión ‘personas con discapacidad’, al tiempo que se añade una mención a la necesidad de proteger sobre todo a menores y mujeres con discapacidad. Sin el concurso del PP y el PSOE al alimón, el cambio sería imposible por aquello de la matemática parlamentaria precisa en todo retoque de la Constitución. La modificación merece el aplauso, si bien se ha tardado demasiado. Y esa demora estriba en el miedo a abrir el melón constitucional, cuando es evidente que hay más cosas que retocar y, sobre todo, que poner en su justo término si de verdad queremos que haya Constitución para rato.
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