Redacción | Los Barrios
Es un problema que el bipartido (PP-PA) ha creado con su pésima gestión y deberían de reparar el daño que han causado a los trabajadores, afirma el Presidente de USB, Raimundo Pérez.
Ambos partidos (PA-PP) son los únicos responsables de que queden deudas pendientes con los empleados públicos del Ayuntamiento de Los Barrios y con el propio sindicato. A esto habrá que añadirle los salarios de tramitación por la destrucción de empleo ilegal llevada a cabo por la “troika” de la derecha y el nacionalismo, “tándem PP-PA” que ha “fracasado en su gestión económica en el Ayuntamiento de Los Barrios, ya que dejarán numerosas deudas en las arcas municipales”.
Los impagos por el factor de turnicidad al colectivo de la Policía Local suponen un montante de aproximadamente 600.000€, que seguirá aumentando mientras no se ejecuten las sentencias firmes. Es una deuda que está reconocida por los tribunales de justicia desde el mes de mayo de 2011.
Sin embargo, Romero y Gil han optado por no pagar conforme a derecho a los trabajadores, “en función de las condiciones más penosas en las que desarrollan su trabajo, con el agravante añadido de no cumplir voluntariamente con las sentencias firmes dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Algeciras, llegando el sindicato a tener que presentar varias demandas de ejecución, para solicitar al juzgado que requiera al Ayuntamiento, dirigido por el PA-PP, para que ejecute de una vez por todas las sentencias que dan la razón a los Policías Locales”.
El desprecio a la justicia por parte del actual Gobierno (PA-PP), durante todo el proceso judicial, ha sido un episodio lamentable. También ha existido una absoluta falta de respeto hacia los trabajadores, los cuales han sufrido un engaño tras otro por parte de los dirigentes del Partido Popular y del Partido Andalucista, desde la precampaña de las pasadas elecciones hasta la actualidad, “nos han utilizado como un clínex”, argumenta Pérez.
La gestión de Romero y Gil ha condenado al Ayuntamiento de Los Barrios a la “gran ruina”, ya que una vez se dicten las sentencias del Tribunal Supremo dando la razón al resto de trabajadores despedidos, tendrán que ser readmitidos y se les tendrá que pagar los salarios de tramitación, lo que supone un desembolso para las arcas municipales de entre 8 y 10 millones de euros, además de tener que pagar por haberse privatizado determinados servicios públicos en esta legislatura.
