Para el sindicato, este hecho infringe la legislación en vigor respecto a ratios que prohíbe sobrepasar los 30 alumnos por clase en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
Ante esta circunstancia, el delegado Territorial de Educación y Deporte, Miguel Andréu Estaún, tiene la obligación de conceder una unidad más a este centro público
CGT advierte que el artículo 157 de la LOMCE, establece que le corresponde a las Administraciones educativas proveer los recursos necesarios para garantizar, en el proceso de aplicación de la presente ley: a) Un número máximo de alumnos por aula, que en la enseñanza obligatoria será de 25 para la Educación Primaria y de 30 para le ESO. Y así queda recogido, en el artículo 5 del Decreto 21/2020 por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado.
Igualmente, en el artículo 87 de la reseñada ley, se explicita, negro sobre blanco, que se podrá autorizar un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos y alumnas, en una serie de circunstancias muy concretas. Cuestión también recogida en el artículo 5, apartado 2, del mencionado Decreto 21/2020:
“La Consejería competente en materia de educación, en caso de ausencia de vacantes en los centros públicos y privados concertados de las áreas de influencias a las que se refiere el artículo 4.5, podrá autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por unidad escolar respecto de lo dispuesto en el apartado anterior, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar en el periodo de escolarización extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o alumna.”
Masificación en las aulas
Por otra parte, según CGT, la masificación en las aulas impuesta por la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Cádiz no solo atenta contra la calidad de la enseñanza, sino que, en situación de pandemia, supone un grave riesgo sanitario para el alumnado y los docentes ya que hace imposible guardar la distancia interpersonal de 1.2 metros y dificulta el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias.
A diferencia del curso pasado, este año todas las clases serán presenciales y el descenso del número de alumnos por aula supone la primera de las medidas de prevención que debe ser respetada. A este respecto, CGT denuncia tanto el tijeretazo de un 30% del profesorado de refuerzo COVID, como “la opacidad, improvisación y regateo de la administración en la adjudicación de estos docentes que en ocasiones van a ser utilizados como profesorado de plantilla y no para atender las necesidades sobrevenidas a causa de la pandemia en el sistema educativo”.
Frente a los recurrentes intentos de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de eliminar unidades y masificar las aulas en los centros públicos para “potenciar a la privada-concertada”, CGT exige una rectificación inmediata Andréu Estaún, y al jefe de Servicio de Planificación y Escolarización, Joaquín Mateo Muñoz. “La imposición de ratios ilegales en nueve unidades de la ESO constituye una infracción de la normativa y un menosprecio a la calidad de la enseñanza que conlleva además la pérdida de numerosos puestos de trabajo”, señala el sindicato.
