Juan Luis González Pérez | bits rojiverdes.org
Las Marchas de la Dignidad culminaron el 22M con una de las mayores manifestaciones que se recuerdan en toda la historia de Madrid. Aunque los números de participación bailan dependiendo del signo del medio que lo cuente, ningún análisis riguroso baja la cifra de alrededor de medio millón de manifestantes que pedían «pan, trabajo y techo». Todo un hito para una convocatoria hecha al margen de las grandes formaciones políticas y sindicales de este país.
Sin embargo, apenas se habla de este despertar reivindicativo en una nación que parecía adormecida o, lo que es peor, en estado de shock. El debate se está centrando en la violencia que algunos grupos de encapuchados desarrollaron contra los antidisturbios de élite desplegados en las inmediaciones de los escenarios de las protestas. Obviamente, las imágenes mostradas son impactantes y reprobables, pero no podemos caer en la trampa de obviar las razones que llevaron a miles de personas a dejarse la piel sobre el asfalto de las carreteras e incluso de pasar por alto las dudas razonables de sobre cómo se inició la escalada de violencia y qué grado de responsabilidad tuvieron los mandos políticos de la policía en el origen de la batalla campal que se montó en la capital del reino.
Obviamente, no me interesan las opiniones de aquellos que aplaudían las manifestaciones violentas en Kiev y ahora se les llena la boca de condenas en Madrid. El que el presidente electo Yanukovich fuera un corrupto no justifica un golpe de estado, como tampoco lo justificarían los innumerables casos de corrupción que jalonan la historia reciente de la cúpula del PP. Por eso, las críticas de muchos voceros de la caverna no deben ni ser tenidas en consideración por puramente partidarias, incoherentes y sesgadas.
Para empezar, es necesario desligar a los convocantes de la manifestación de los actos que se produjeron al final de la misma. Las marchas se desarrollaron en un ambiente pacífico y festivo como se resaltó incluso desde círculos policiales. Lo que pretende hacer ahora CristiNA ZIfuentes, criminalizar a los organizadores y hacerlos responsables de todo cuanto aconteció después, es una auténtica barbaridad que tiene más motivaciones políicas que judiciales. Alguno lo comparaba, por poner un ejemplo, con hacer pagar a un club de fútbol por los destrozos de los hooligans en el mobiliario urbano después de un partido.
El que haya habido algunos dirigentes de entidades convocantes apoyando a detenidos en los juzgados, no significa que se este justificando la violencia. Muchas detenciones han sido arbitrarias y hay que aclarar qué sucedió realmente antes de las cargas. Testigos presenciales avisaron desde el primer momento que la policía comenzó los ataques antes de que finalizara la hora de la manifestación legalmente aprobada. Algunos periodistas y personalidades presentes afirman sin ambages de que la policía reventó las manifestaciones justo antes de la emisión de los telediarios para enturbiar el indiscutible éxito de la convocatoria.
Casi nadie habla de los manifestantes heridos, pocos medios mencionan, por ejemplo, al joven que perdió un testÃculo de un balazo de goma. Por la red circulan fotografías de encapuchados rompiendo cristales pistola reglamentaria al cinto. Imágenes de peligrosos extremistas deteniendo junto a la policía a supuestos correligionarios. Todos han visto la exhibición por parte de la policía del peligroso material supuestamente requisado a los manifestantes, como la muleta-punzón o el tirachinas con rodamientos incautados… ¡días antes del 22M!
Y no, no es demagogia. Pero para algunos es muy cómodo hablar de la violencia de los manifestantes y olvidar la violencia estructural, la que destina dinero del estado de los parados a los bancos y banqueros; la que roba dinero a los más desfavorecidos para pagar los intereses de la deuda ilegítima, la que desmantela la sanidad o la educación para venderla a amigos empresarios que después dejan caer suculentos sobres, la que fomenta los desahucios mientras atesoran viviendas vacías en manos públicas, la que encarece los servicios básicos a cambio de mantener bien engrasadas las puertas giratorias de las grandes empresas. Esa violencia también mata, calladamente pero mata. Pero claro, no es mediática ni estridente, no usa petardos ni adoquines, en todo caso se apoyan en el BOE como arma de destrucción masiva del bienestar social. Estos violentos no van encapuchados, tienen la desvergüenza de mostrar su rostro, son los supuestos próceres de la patria, altas eminencias, personajes distinguidos.
Estoy con Julio Anguita cuando dice que «es un hecho que en estos acontecimientos hay tres tipos de violencia: la de los violentos infiltrados, la de los violentos infiltrados por la oficialidad y la de la policía al extralimitarse en sus funciones», a la que yo añadiría la violencia sistémica e institucional que está destruyendo las vidas de millones de personas para satisfacer la insaciable voracidad del nuevo becerro de oro, del mercado capitalista; ese que privatiza y acumula los beneficios en unos pocas manos y socializa las pérdidas a través del mismo estado ese que dicen aborrecer.
Noticias de la Villa y su empresa editora Publimarkplus, S.L., no se hacen responsables de las opiniones realizadas por sus colaboradores, ni tiene porqué compartirlas necesariamente.
