José Antonio Ortega | jaortega@jaortega.es - www.jaortega.es
La semana pasada asistíamos a un nuevo capítulo del “contencioso” que enfrenta a Pedro Castillo con el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, como consecuencia de la denuncia que el empresario presentó en su día contra el primer edil por un supuesto secuestro de publicación y un presunto delito de atentado contra el ejercicio de los derechos fundamentales. Dicho capítulo de este affaire se concretaba el martes 3 de junio en la comparecencia de Romero ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de los de Algeciras para responder de las acusaciones vertidas contra él.
Yo no sé qué pasará con esta causa todavía abierta y para la que se están instruyendo las oportunas diligencias. No tengo la menor idea. No poseo dotes de adivino y, como reitero cada vez que se me brinda la oportunidad, soy un lego en lo que se refiere a pleitos. Lo cual no quiere decir que no pueda opinar sobre el tema, con la prudencia que lo delicado de la materia exige.
El alcalde de Los Barrios negó en sede judicial que hubiera dado orden alguna de retirar los folletos de contenido crítico contra su persona que repartían vecinos de la localidad cercanos a Castillo y prohibir su distribución, cosa que dudo. Aunque lo que está claro, y puede considerarse un hecho no controvertido, es que la retirada de dichos folletos se produjo y que alguien dio la orden de que se retiraran. Y lo que está claro también es que alguien deberá responder de dicha decisión, si finalmente la autoridad judicial estima que con la actuación policial motivo de la denuncia se vulneró la legalidad vigente. Así que, si yo estuviera en el lugar de los agentes que intervinieron el o los días de marras, esto es, los días que tuvieron lugar los incidentes, me iría apretando los machos, por si acaso. Como bien dice un amigo que de litigios sabe lo suyo, en un juzgado se puede entrar siendo inocente y salir como culpable, o viceversa, porque, por suerte o por desgracia, quienes administran justicia también son humanos, meten la pata y se equivocan.
En cualquier caso, y pase lo que pase, este caso tiene mucha más importancia de la que a simple vista pudiera parecer. Dado que lo que en realidad se somete a debate es la potestad de un representante o funcionario público para permitir o impedir que un ciudadano ejerza su derecho a expresarse libremente con los medios y recursos que a su disposición tenga. Es decir, para imponer censura previa y hasta adoptar medidas cautelares, en contra de lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico. En Los Barrios, por lo que a mí me consta, nunca antes de octubre de 2013 hizo falta licencia o autorización de ningún tipo para distribuir por las calles publicaciones de contenido político. Sin embargo, desde esas fechas para acá parece ser que sí. Claro que tampoco estaba prohibido aplaudir comedidamente en los plenos y desde que el señor Romero es alcalde resulta que en las sesiones de la Corporación municipal ya no se puede ni toser sin que a uno se le recrimine y se le pida que enseñe el carnet de identidad, según me cuentan.
El Partido Andalucista y Jorge Romero constituyen una prueba evidente más de que no se suele tener el mismo concepto de democracia cuando se está en la oposición que cuando se gobierna. Igual que no es lo mismo predicar que dar trigo. Aunque diciendo esto último no descubro nada nuevo y que no se sepa casi desde que el mundo es mundo.
Por razones que puedo obviar, me ha venido a la memoria ese refrán de todos conocidos que viene que ni pintado para la ocasión. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y no creo que haga falta añadir en quien pienso.
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