José Antonio Ortega / jaortega@jaortega.es / http://www.jaortega.es | Periodista y escritor
Mira por donde la que viene va a ser la primera manifestación de la AVT a la que al partido de don Mariano Rajoy le va a costar ir como a ninguna otra de las convocadas por este colectivo. Aunque, si en lugar de estar al frente del gobierno lo estuviera de la oposición, ustedes ya me entienden, otro gallo cantaría. Lo que demuestra bien a las claras, una vez más, una verdad de Perogrullo: que no es lo mismo tener la responsabilidad de gobernar que tener el objetivo de fastidiar a quien gobierna –se esté o no cargado de razones– cada vez que se puede. Fenómeno éste sobre el que los dos grandes partidos mayoritarios de este país, es decir, PSOE y PP, lamentablemente, pueden dar lecciones. Pero, sobre todo, y lo digo asumiendo que se me tache por ello de parcialmente tendencioso, el PP. Para constatarlo basta con hacer un poco de memoria y, si no, acudir a las hemerotecas. Lo que no voy a hacer en las líneas que siguen para no repetirme en exceso, que es, por otra parte, el riego que uno corre cuando escribe sobre un mismo tema más veces de lo debido.
Repugna cierto espectáculo al que esta semana hemos asistido y estamos asistiendo tras conocerse la decisión del Tribunal de Estrasburgo sobre la aplicación en España de la denominada doctrina Parot. La derecha quiso sacar rédito de la actividad de Eta –en cuanto se dio cuenta de que podría reportarle un buen número de votos– y todavía hoy se empeña en seguir sacándolo. Como si sólo a los que en ella militan o con ella simpatizan les doliera el daño causado por los terroristas y fueran sus únicos enemigos auténticos.
Teniendo en cuenta lo dicho, no es de extrañar que, a pesar de los dos años transcurridos desde el anuncio del cese definitivo de la lucha armada, esa misma derecha aproveche la menor oportunidad para volver a las andadas. Sólo en este contexto se puede entender ese denodado empeño suyo por responsabilizar injusta, infundada y, lo que resulta más grave, malintencionadamente al anterior gobierno de ZP de que la etarra Inés del Río esté ya en libertad y de que, al amparo de la resolución del citado tribunal, lo puedan estar próximamente otras varias decenas de miembros encarcelados de la organización vasca.
Así pues, y dadas las circunstancias, bien está que, en aras de clarificar, se recuerde, por ejemplo, que no fue Zapatero sino Aznar, siendo presidente del Ejecutivo, quien llamó a Eta –se supone que para no ofender a ninguno de sus integrantes– Movimiento Nacional de Liberación. Como está bien que se recuerde igualmente que no fue cuando gobernaron los socialistas sino durante la presidencia del susodicho, es decir, de don José María, cuando más beneficios penitenciarios se otorgaron a los etarras y cuando se puso en práctica –el exministro Jaime Mayor Oreja podría explicarnos por qué y para qué– una política sistemática de acercamiento de presos al País Vasco.
Es entendible la indignación de las víctimas por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y por lo que ésta implica. Cualquier hijo de vecino biennacido puede compartirla. Repatea el estómago que asesinos sanguinarios salgan a la calle y, para más inri, puedan vivir cerca de quienes sufrieron directamente sus crímenes. Pero quien dirige los destinos de un estado de derecho ha de exhibir altura de miras y no dejarse llevar por la emoción, el sentimiento y, mucho menos, los instintos más primarios.
Guste o no guste, y aunque haya quien diga lo contrario, en cada conflicto a lo largo de la historia la paz siempre tuvo un precio. La cuestión para toda sociedad está en decidir si merece la pena pagarlo o es preferible cargar con el elevado coste de vivir bajo la amenaza permanente de la violencia.
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