Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educación de la Confederación General del Trabajo (CGT)
Cuando de meter a la hija o al hijo en el colegio X se trata, para muchas familias todo vale. Antaño cuando las decisiones de escolarizar a este a aquella se utilizaban las influencias evidentemente muy poco de esto salía a la luz. Alguien argumenta que cualquier tiempo pasado fue mejor y, aunque algo de bueno siempre ha habido, se equivoca en estos y muchos otros casos donde el fraude a gran escala o pequeña se destapa. Y es que la razón del aumento de informaciones sobre estos y otros sucesos se tiene parte del mayor control social que sobre el ejercicio de derechos ciudadanos se va teniendo. Y que queda mucho aún por avanzar en esto que se ha venido llamando transparencia.
Y ya va llegando aquello que desde primeros de siglo se esbozaba como posible: Quienes defraudan en esto de las enfermedades, de los domicilios para obtener maliciosamente mayor puntuación de la que le corresponden, se están jugando ir a la cárcel por intentar que sus hijos estudien en el colegio determinado. Por ejemplo en la hoja de empadronamiento se dice textualmente lo siguiente: “DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: – Que ostento la guarda y custodia de los menores anteriormente citados. – Que dispongo de capacidad legal suficiente para llevar a cabo la referida inscripción padronal o cambio de domicilio. – Que no me encuentro incurso en los supuestos de hecho previstos en los artículos 103.1ª. Asimismo, quedo enterado de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de esta declaración o en los datos o documentos que acompañan a la misma, podrá dar lugar a las responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan, y que de comprobarse que los menores inscritos no residen en el domicilio, se instruirá expediente de baja por inscripción indebida, o en su caso el cambio de domicilio en el Padrón, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que procedan”.
No se airea lo suficiente las consecuencias que podrían derivarse de estas alteraciones de documentales. ¿Saben quienes esto hacen que algunos de esos fraudes pueden estar penados con hasta 3 años de cárcel? ¿Conocen que el alumnado que ha entrado fraudulentamente puede ser escolarizado en otro centro obligatoriamente? ¿Tienen idea de que otras familias llegan a contratar detectives privados para destapar el fraude? Y alguien se pregunta ¿Tan complicado es conocer si de verdad se padece una enfermedad, o el domicilio familiar es el que se dice? Más allá de las adjudicaciones de puestos escolares y de la matriculación consiguiente, los centros educativos y concretamente la dirección de los mismos tienen datos de sobra para llegar a la conclusión de que se mintió en el proceso de escolarización. Una vez detectado el “posible” fraude ¿Por qué no se investiga en ese momento y se concluye corriendo lo que sea menester? ¿Dejación mucha dejación y pocas ganas de meterse en faena? ¿Instrucciones nunca escritas de “arriba” de que dejar mejor el asunto? ¿Favores que con favores se pagan?.. Un sinfín de interrogantes que nunca dejan en buen lugar a quienes dirigen los centros y la mismísima Delegación (provincial o territorial) de Educación.
Por ejemplo testimonio, recogido en 2010 (el confidencial) de un jefe de estudios de un centro: Hay niños que cuando se matriculan son celíacos y oye, en septiembre, cuando empieza el comedor ¡se han curado!”. Otro aspecto relacionado con la renta (IRPF) que declaran familias que dicen no tener nada y sin embargo se presentan con ostentosos vehículos, móviles, joyas…. E incluso se conoce, porque es de dominio público, que goza de un alto nivel económico. Más evidente si cabe es cuando a la entrada de un centro educativo aparecen a la entrada y salida cientos de vehículos para llevarlos y recogerlos nadie se pregunta si es el centro cercano al domicilio ¿Dónde viven estas criaturas? Más aún cuando es el propio centro el que tiene un servicio de autobús para recoger a distancias de hasta 10 km a alumnado que sin duda viven fuera de su zona de escolarización. Y familias que tienen la casa pared con pared de ese centro tienen que llevar (en coche) a sus hijas e hijos a centros escolares muy distantes. Paradojas que en nada ayudan a tener confianza en la ley. Una ley que es ninguneada por quienes deben aplicarla.
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