El planeamiento urbanístico del sector SUS-8 en la Vega del Moral ha encendido las alarmas entre la ciudadanía de Los Barrios. Promovido por la empresa Cortijo Grande de Caballerías como un parque logístico de 40 hectáreas vinculado a la actividad del transporte y el puerto, el macroproyecto avanza amparado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2008, defendido por el alcalde Miguel Alconchel bajo el argumento del derecho del promotor a desarrollar el suelo. Sin embargo, la movilización vecinal y ecologista ha sido masiva. Tras las concentraciones de marzo y la histórica manifestación de abril, que unió a unas 2.000 personas bajo el lema “La Vega del Moral no se vende, se defiende”, los afectados y la organización conservacionista exigen formalmente a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento la aplicación de la “Alternativa 0”: la desestimación total del polígono para evitar daños irreversibles a la salud, el entorno natural y la fisonomía de la entrada norte de la Villa.
Hablamos con Antonio Muñoz Secilla, portavoz de Verdemar Ecologistas en Acción, colectivo que lidera la contestación técnica y social frente a esta polémica expansión industrial en el municipio.
Pregunta. Después de las importantes movilizaciones de los últimos meses, ¿Cuál es el sentir actual de los vecinos y de Verdemar ante el avance de este parque logístico?
Respuesta. Hay una indignación absoluta y compartida con los vecinos. Lo que vivimos en la manifestación de abril fue un hito histórico para Los Barrios; ver a unas 2.000 personas marchando juntas por las calles demostró que no estamos ante una queja aislada, sino ante un rechazo mayoritario del pueblo. Hablamos de un proyecto de 40 hectáreas que pretenden imponer a las puertas del núcleo urbano, pegado a zonas residenciales habitadas y destrozando por completo la entrada norte de la Villa. Desde Verdemar vemos con mucha preocupación que se siga apostando por un modelo obsoleto de hormigón y asfalto que ignora la calidad de vida de las personas y el valor ambiental del territorio.
P. El equipo de gobierno local defiende que estos terrenos están calificados como suelo industrial desde la aprobación del PGOU en 2008 y que el promotor tiene derechos adquiridos. ¿Qué le responden a ese argumento legal?
R. Le respondemos que un planeamiento diseñado hace casi veinte años no puede aplicarse hoy en día de espaldas a la realidad ambiental actual y a las directrices europeas de sostenibilidad. La legislación obliga a estudiar alternativas razonables y menos lesivas. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía tienen herramientas y competencias legales de sobra para modificar o frenar este desarrollo si existiera una verdadera voluntad política de proteger el municipio. La legalidad urbanística no puede ser una vía libre para cometer un atropello socioambiental.
P. Desde el punto de vista técnico y ecologista, ¿Cuáles son los impactos más graves que causará este polígono si sale adelante?
R. El impacto será severo e irreversible en varios frentes. Este macroproyecto está concebido como una ampliación logística para el transporte pesado vinculado al puerto. Eso se traduce en un incremento inasumible de las emisiones contaminantes a la atmósfera y del ruido en una zona residencial colindante. Además del colapso de los accesos viales, nos preocupa enormemente el impacto paisajístico y la pérdida de suelo que cumple una función reguladora esencial. Tampoco podemos olvidar el drama social: la construcción de este polígono pone en jaque directo la continuidad de una veintena de viviendas consolidadas en el sector.
P. Los promotores y el Ayuntamiento suelen asociar estas infraestructuras a la creación de empleo y riqueza para la localidad. ¿No consideran que puede ser una oportunidad económica para Los Barrios?
R. Ese es el viejo cuento de la industrialización agresiva que ya no se sostiene. La experiencia en la comarca demuestra que este tipo de polígonos logísticos saturados junto a los cascos urbanos no generan un empleo directo y de calidad para los residentes locales que compense el daño causado. Lo único que se queda en el municipio son los aspectos negativos: la contaminación, el tráfico pesado y la devaluación del entorno. El desarrollo económico del siglo XXI debe ser sostenible; no se puede generar riqueza destruyendo la salud de la población de Los Barrios.
P. Verdemar ha presentado alegaciones exigiendo formalmente la “Alternativa 0”. ¿En qué consiste exactamente esta reclamación administrativa?
R. La “Alternativa 0” es, sencillamente, la desestimación total del proyecto. Hemos demostrado en nuestras alegaciones que la documentación ambiental presentada por los promotores es completamente deficiente, ya que minusvalora los efectos que semejante volumen de actividad logística tendrá sobre la salud de los habitantes de la zona. Ante la falta de garantías y el evidente perjuicio para el bienestar público, la única opción sensata y legalmente viable es dejar los terrenos como están y buscar un urbanismo más humano.
P. El lema de las movilizaciones subraya que “esto no va de política… va de nuestro pueblo”. ¿Cómo prevé que continúe este conflicto en los próximos meses?
R. La contestación social no va a dar un paso atrás. Nosotros vamos a agotar todas las vías administrativas y, si es necesario, acudiremos a los tribunales para frenar este despropósito en la Vega del Moral. La información y la movilización pacífica son las mejores armas de los ciudadanos. Esperamos que los gobernantes recapaciten y escuchen la calle. Si el Ayuntamiento insiste en dar la espalda a sus vecinos para favorecer este proyecto, nos va a encontrar enfrente, firmes, defendiendo el futuro y el entorno de Los Barrios.
Etiquetas:
