El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Algeciras y presidente de esta formación en la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha puesto de manifiesto su intención de reclamar en los foros en los que proceda el pago de la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con los depósitos judiciales del Campo de Gibraltar.
Landaluce recuerda que si bien la deuda total está cifrada en más de 45 millones de euros, el problema podría solventarse con el pago de unos 7 millones, una deuda que ha llevado a los depósitos judiciales en los que la administración de Justicia almacena los vehículos incautados a negarse a continuar admitiendo más bienes requisados por orden judicial.
En principio, explica el portavoz popular, vamos a esperar al resultado de la reunión prevista entre los representantes de los depósitos judiciales y la Junta de Andalucía para el próximo viernes. Si de ella no surge un compromiso firme por parte de la Consejería de Justicia, el Partido Popular va a utilizar todos los medios a su alcance para reclamar esta deuda.
En principio, y de no existir ese compromiso, el Partido Popular presentará una moción en la que instará al Ayuntamiento de Algeciras a reclamar a la Junta el pago de la deuda. Igualmente, prosigue Landaluce, también estamos dispuestos a que, a través de nuestros parlamentarios autonómicos, se presente una iniciativa en el Parlamento Andaluz instando al ejecutivo autonómico al pago de las cantidades pendientes de cobro.
De igual manera, el diputado presentará algún tipo de iniciativa en el Congreso para saber cuál es el posicionamiento del Ministerio de Justicia sobre este problema. Aunque las competencias en esta materia están transferidas a la Junta de Andalucía, Landaluce estima que el ministerio debería, en primer lugar tener conocimiento de la situación, y también actuar en consecuencia. Por tanto, y a la espera del resultado del encuentro previsto para el próximo viernes, el diputado no descarta la presentación de una Proposición No de Ley para que sea el propio Gobierno el que reclame a la Junta el cumplimiento de sus obligaciones.
