De forma específica en caso de que la Alcaldesa, la cual ostenta la Concejalía de Seguridad Ciudadana, permita “este atropello a los derechos fundamentales de los trabajadores dependientes de la Jefatura de la Policía Local, estaríamos hablando de palabras mayores, ya que, la imposición de un cuadrante arbitrario, modificándose el horario y la jornada laboral, ya negociada y en vigor, a sabiendas de su ilegalidad, se castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.
Del mismo modo, manifiestan los sindicatos, se le informa en el escrito, que tras anunciar el nombramiento del Director de Seguridad, la citada plaza no se ha ofertado ni existe en la plantilla de personal de este Ayuntamiento; lo cual quiere decir que esta plaza no está presupuestada, por lo que “no entendemos de donde sacará dinero para costearla. En cuanto a esta ilegalidad el artículo 405 del Código Penal es muy claro, ya que, castiga con penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, a la autoridad o funcionario público que en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello”.
Llas tres Centrales Sindicales califican estos hechos como un atentado a los derechos de los trabajadores y en particular al vigente convenio que ha costado más de un año de duras negociaciones.
Desde CSIF, CCOO y UGT, no se descartan medidas de acción sindical, no sólo por esta imposición, sino también por otros problemas que “venimos arrastrando desde hace años, como son: los impagos de atrasos, la inexistencia de RPT, no aplicación de la revisión salarial del año en curso, etc”.
