Las bases reguladoras de las convocatorias para cubrir seis y siete plazas de la Policía Local de Los Barrios recogen expresamente la obligatoriedad de que cada aspirante lea su ejercicio en acto público ante el Tribunal evaluador, órgano que además cuenta con la facultad de realizar las preguntas pertinentes para aclarar o verificar los conocimientos demostrados. Sin embargo, las reclamaciones remitidas a la formación opositora sostienen que esta lectura no se llevó a cabo conforme al procedimiento estipulado, al tiempo que cuestionan si los exámenes contaban ya con una corrección o valoración previa a la comparecencia de los candidatos.
Frente a este escenario, Movimiento Barreño ha remarcado la importancia de fiscalizar detalladamente el desarrollo del proceso selectivo para acreditar el cumplimiento estricto de la normativa aprobada por el propio Consistorio. La organización ha señalado que la relevancia de los testimonios exige una comprobación documental rigurosa, aclarando que esta iniciativa no busca prejuzgar el desempeño del Tribunal calificador ni extraer conclusiones precipitadas antes de revisar toda la documentación vinculada a los expedientes.
Si bien diversa información del procedimiento se encuentra publicada en el Portal de Transparencia e integrada en decretos y anuncios oficiales, el grupo municipal ha fundamentado su solicitud de acceso completo al expediente en el deber de control institucional que le corresponde. Asimismo, al no poder instar directamente a los funcionarios la redacción de informes técnicos, ha requerido a la Alcaldía y a la Secretaría General que soliciten un dictamen jurídico que evalúe la trascendencia legal de haber omitido, presuntamente, una fase de carácter obligatorio.
En el caso de que la documentación solicitada o los criterios jurídicos de los técnicos constaten la existencia de un vicio de nulidad de pleno derecho, Movimiento Barreño ha defendido la conveniencia de incoar un procedimiento de revisión de oficio. Paralelamente, plantea la adopción de medidas preventivas que paralicen el avance del proceso selectivo en tanto subsistan dudas fundadas sobre la validez jurídica de las actuaciones realizadas.
Por último, la formación ha precisado que no pone en duda la independencia del Tribunal ni atribuye al Gobierno municipal la potestad sobre las notas asignadas. No obstante, ha recordado que la responsabilidad legal de velar por el cumplimiento de las bases recae sobre el Ayuntamiento. Asimismo, confía en que las deficiencias detectadas se circunscriban exclusivamente al ámbito de la Policía Local y no se extiendan a otros procesos de selección municipal actualmente en marcha, como los de personal administrativo o psicólogos.
