Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educación de la Confederación General del Trabajo (CGT)
El titular, uno de tantos, es el siguiente: Cinco altos cargos gaditanos de la Junta cobran ayudas por vivienda. Y esas “ayudas”, palabra pervertida, suponen complementos, que de media suponen 12000 euros más, a sus, ya altísimos, sueldos (entre 50.000 y 70.000 euros). Y ello por vivir a más de 60 kilómetros del lugar donde oficialmente desempeñan el cargo público obtenido por encargo.
Aquellas personas que pretenden “liderar” el funcionamiento de la administración pública tendrían que dar ejemplo y con estas prebendas, que los políticos se dan a sí mismos, cunde todo lo contrario. De hecho con absoluta villanía utilizan conceptos del ámbito de la función pública para adornar de cierta normalidad este saqueo de dineros públicos para su beneficio privado. Califican estos sobresueldos cono si de «indemnizaciones por servicio», se tratara. Debe conocerse que en Andalucía desde 1989 existe un decreto, el número 54, que establece las indemnizaciones por razón del servicio en la Junta de Andalucía y que se contempla el indemnizar a quien voluntariamente asume un puesto de trabajo en la función pública y ni siquiera a quienes de manera forzosa son obligados a aceptarlo aunque no sea de su agrado. ¿A cuento de qué se indemniza a estos políticos? La actualización de las cuantías, que este decreto contiene, referidas a indemnización a percibir como gasto de desplazamiento por la utilización de vehículo particular queda fijado en 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóvil y en 0,078 euros por el de motocicletas. ¡Ojo! Pero no para ir del domicilio al trabajo, sino para hacer un trabajo concreto encomendado.
Hecha esta importante salvedad, ni siquiera en el caso de que se considerara esta indemnización por traslado desde su domicilio al trabajo se sostiene la cantidad establecida por los políticos, ya que a 0,19 euros kilometro y a distancias superiores a 140 kilómetros, considerando ida y vuelta, la cifra anual (once meses al año) no llegaría a la mitad de la media de indemnizaciones que se han autoconcedido estos políticos. Y no son pocos ya que casi 50 “altos cargos” se llevan unos 600.000 euros de los dineros que son de todos, además de los millones que suponen sus sueldos.
Este fenómeno no es específico de Andalucía ya que en otros parlamentos autonómicos funciona de manera similar y en particular el Congreso y Senado generan cuantiosas cantidades que van al bolsillo de diputados y senadores sin que se justifique la denominada “indemnizaciones por alojamiento”, que se sitúa en los 1823 euros mensuales, unos 21876 euros anuales, libres de impuestos. Afecta este asunto a los 62 diputados a Cortes, 40 del PP, 20 del PSOE, 1 de Coalición Canaria y otro de Convergencia, que teniendo, no sólo uno, sino en varios casos 2, 3 y hasta 5 viviendas, cobran por la cara estos dineros.
Urge modificar esta sangría económica y quienes a esto de la política desean dedicarse sepan que, de ostentar cargo público, su sueldo nunca será superior al del funcionario de cuerpo estatal de mayor nivel. Y que cualquier cantidad complementaria vendrá regulada como para el conjunto de la función pública. Es indispensable poner límites a la vorágine de parlamentos y gobiernos que se auto otorgan sueldos y “ayudas” millonarias.
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