Ángel Tomás Herrera | Licencia en Derecho
Tuve ocasión de asistir este pasado 19 de noviembre al primer Congreso gaditano que se organiza sobre la aplicación de la plataforma LEXNET en la esfera del jurista, organizado por el Colegio de Abogados de Cádiz y el Consejo General de la Abogacía. Unas jornadas que contaron con mucha asistencia, precisamente por el desconocimiento que existe en la profesión sobre la novedosa digitalización de todos los escritos y actuaciones de los diferentes operadores judiciales, desde jueces hasta abogados, pasando por procuradores y agentes judiciales.
Los aires reformistas impulsados por las Instituciones europeas y ese anhelo de llevar a todos los Juzgados las virtudes tan cacareadas de la nueva oficina judicial y el renovado modelo procesal, están propiciando diversas reformas legislativas que chocan con la falta de medios y la organización actual de nuestra Administración de Justicia. Entre estos cambios en el organigrama judicial, sus actuaciones y las funciones a desempeñar por los abogados, destaca la ley 42/2015, que reforma la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y pretende que los funcionarios de los órganos judiciales gestionen todo su trabajo digitalmente. En este proceso de digitalización, donde se pretenden agilizar los procesos y desterrar el papel, la figura del abogado adquiere una nueva dimensión para la que ha de estar informado y capacitado.
El Ministerio de Justicia ha apostado por una Justicia más rápida y garantista, en la que el abogado deberá estar censado y acreditado en su Colegio para poder enviar o recibir notificaciones telemáticamente, e incluso interponer escritos o demandas ante los órganos judiciales en los procedimientos en los que no sea preceptivo procurador. De aquí toda esta parafernalia de cursos y jornadas que se están llevando a cabo por toda España, para informar, y de paso vendernos, las virtudes y logros que podría conllevar una Justicia con menos costes, menos juicios presenciales y menos demoras, sin papeles hacinados y procedimientos ad eternum. LEXNET forma parte de esa revolución digital de la abogacía y el aparato judicial, cuya puesta en marcha se prevé para el próximo uno de enero de 2016, aunque existen muchas voces disidentes y trabas.
Con la plataforma LEXNET, usada hasta la fecha por procuradores y otros operadores, se pretende la digitalización de la actuación del Abogado, evitando juicios presenciales, colas y burocracia, gestionando sus escritos y demandas desde el mismo despacho, y alertando de forma segura sobre las posibles notificaciones y plazos, que serán advertidos en el correo electrónico o directamente al teléfono móvil. Toda una revolución tecnológica que pretende contribuir a la modernización de la abogacía, garantizando las actuaciones del letrado, que podrá justificar la autenticidad e integridad de las transmisiones de datos e información, así como la fecha y hora de envío y recepción. Mayor inmediatez y eficacia en el trabajo del letrado, que podrá gestionar todo desde su ordenador con un solo click. Aun así, y como ya he advertido, toda esta incursión telemática no va a poder ser inmediata, por más que se quieran cumplir los plazos legales de implantación a partir de enero de 2016. Existen comunidades autónomas como Cantabria, País Vasco y Navarra que no cuentan con LEXNET porque ya tienen su propio sistema; en otras como la Rioja ya hace tiempo viene siendo obligatorio LEXNET, mientras que en otras como Asturias, Extremadura o Galicia se están llevando a cabo proyectos piloto. En Andalucía parece ser que se va a implantar LEXNET, pero de momento sólo para notificaciones, no para la presentación de demandas y demás escritos. Algo que va a retrasar la digitalización judicial andaluza, provocando duplicidad de actuaciones y no pocas discusiones e inconvenientes entre los profesionales de la Justicia, desconocedores en gran medida de estos nuevos medios, y carentes de medios y recursos para llevarlos a efecto, en otros casos.
Como vemos, la digitalización de la profesión de la Abogacía y la Justicia española es hoy todavía un proyecto en ciernes más que una realidad. El mismo día que un servidor asistía a las primeras Jornadas gaditanas sobre la Plataforma LEXNET en el Palacio de Congresos de Cádiz, Victoria Cinto Lapuente, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, y dos Letrados de la Sección de Informática, Juan Carlos Garcés y Mar Martínez, se reunían para abordar la situación actual del proceso de digitalización de la Justicia. De esa reunión no salieron buenos augurios para el proceso de digitalización, del que parecen descolgarse por el momento el grueso de jueces. Para los representantes del CGPJ el proceso de digitalización afectará en principio a la gestión telemática documental de procuradores y abogados, pero no tiene porque aplicarse – al menos de forma inmediata – a la actuación de los jueces. Las dificultades y carencias actuales de la Administración de Justicia parecen impedir de facto la aplicación inmediata de la nueva tecnología. Los Juzgados y Tribunales están atestados de trabajo, faltos de personal, con ordenadores obsoletos y faltos de medios e infraestructuras adecuadas, donde incluso los jueces no pueden llevar a cabo correctamente la firma electrónica. La deseada digitalización de procedimientos y actuaciones de jueces, fiscales, abogados, procuradores y demás operadores jurídicos no es una transformación fácil y una tarea rápida. Existen demasiados inconvenientes que a buen seguro retrasarán todas estas reformas esperadas.
Al fin y al cabo, si importantes resultan las nuevas tecnologías para la agilización de las actuaciones y procesos judiciales, desterrando colas, papeles y dilaciones de años, no menos importante resulta también reforma legislativa en profundidad sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal, la organización y nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o la mayor dotación de personal, medios e infraestructuras a los Juzgados. Reformas éstas que favorecerían una Justicia más rápida y moderna, evitando dilaciones, injusticias y el colapso judicial actual. También de paso servirían para evitar la injerencia política que sufre la Justicia actual, y que se puede atisbar en muchísimos de los pleitos actuales. La reforma integral judicial, la digitalización de procedimientos y la separación real de poderes del Estado son sin género de dudas las mejores recetas para que la Justicia española vuelva a brillar y ser eficaz, evitando con ello el desprestigio y desencanto que la ciudadanía tiene actualmente sobre la actuación de los diferentes órganos judiciales.
“ Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía ”. Séneca
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