J. A. Ortega | Periodista y Escritor
Días atrás, cierta persona vecina de esta comarca que trabaja y se mueve en el ámbito del periodismo sacaba pecho a través de una red social –si bien un tanto veladamente– por la gestión que el Gobierno del PP y de Rajoy ha llevado y lleva a cabo en la lucha contra la corrupción, a diferencia de gobiernos anteriores. (En clara referencia, por supuesto, lo explicitara o no, a los gobiernos del PSOE). Y este suceso anecdótico inspiraba en un servidor una serie de reflexiones, o ideas, si lo prefieren, que son las que dan pie a este artículo.
Venir a decir como vienen diciendo desde el Partido Popular y desde sus afines que en los últimos cuatro años es cuando más se ha hecho en este país en cuanto a la persecución de los corruptos, y todo ello gracias a la voluntad del actual Ejecutivo, puede considerarse una broma y de muy mal gusto. Entre otras razones, porque no es cierto. No es cierto, al menos, que la persecución haya sido y sea debida a la diligencia del Gobierno, que, aparte de alguna reforma como la destinada al endurecimiento de penas y otra, discutible y discutida, para la limitación de los plazos de instrucción de los procedimientos, prácticamente ha hecho justo lo contrario. Esto es, reducir los medios con los que cuenta el sistema judicial y las fuerzas de seguridad y orden público. Aunque sí es verdad que en el último lustro los casos de corruptelas en torno al poder sí han aflorado, se diría que casi como nunca hasta donde nuestra memoria alcanza, para pesar de algunos que han hecho y siguen haciendo lo que pueden con el objeto de evitarlo. Evitar digo que afloren, no que la corrupción desaparezca. (“Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos”).
La fiscalía anticorrupción se creó en 1995 con un Gobierno socialista y en un tiempo, como el de hoy, en el que hacía mucha falta porque la sinvergonzonería de altos vuelos lamentablemente ya campaba a sus anchas. No siendo hasta 2006, con Zapatero de presidente, que no se dotó de más personal, así como de nuevas delegaciones territoriales. Y la UDEF se creó en 2005, también con un Gobierno socialista. El Ejecutivo de Aznar, con Jesús Cardenal como fiscal general del estado, lo único que hizo fue tratar de cargarse dicha fiscalía –ellos sabrán por qué–, pero sin conseguirlo. Y el Gobierno de Rajoy, con Jorge Fernández al frente de Interior y Coisidó al frente de la DGP, descabezar cuanto pudo dicha unidad, todos podemos imaginar con qué frustrado propósito.
Afirmar que el Gobierno actual ha combatido seriamente la corrupción es, además de una broma de mal gusto, intentar tomarle el pelo a la ciudadanía. Porque lo que ha hecho hasta la fecha es un paripé forzado por las circunstancias y la alarma generada. Si la lucha contra este tipo de delincuencia ha dado resultados, es –en esto coincido incluso con los peperos– porque el estado de derecho –mal que les pese a algunos– funciona. Con sus defectos, pero funciona. Y esto hemos de agradecérselo a unos jueces que trabajan con muchas limitaciones y a una policía muy profesional que realiza un gran trabajo, a pesar de los manejos de algunos para utilizarla con fines políticos.
La mayoría de las causas que hoy se juzgan son fruto de investigaciones que se iniciaron hace varios años y que con alguna de esas reformas legales de las que los populares alardean no podrían haber sido culminadas, ni juzgadas, para escarnio de España y de los españoles.
Como me decía no ha mucho un amigo en plan irónico, lo más destacado que ha protagonizado el PP para erradicar la corrupción, es formatear 35 veces y destruir los discos duros de los ordenadores de su más conocido y mediático tesorero.
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