Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educación de la Confederación General del Trabajo (CGT)
Que el ya histórico Pi y Maragall, desde antes de 1870, se esforzó por conseguir convencer a propios y extraños de la necesidad de una España Federal, es algo que se estudia en Historia Política de la España Moderna. El origen y trayectoria de los federalismos se producen en los regímenes burgueses, cuando las distintas facciones del poder burgués dominan territorios diversos, dentro del Estado. La Burguesía catalana, en minoría, se ha venido conformando con maniobrar para entrar en el núcleo duro de la gobernanza del Reino de España. Su mejor opción durante muchos años fue el General Prim, cuyo asesinato truncó las expectativas más que halagüeñas sobre sus futuros negocios contando con su patronazgo, encontrándose de nuevo excluida de los grandes festines dinerarios, de los inmensos pelotazos que la aristocracia madrileña, gallega y andaluza comenzaba a dar en las postrimerías de la I Republica.
La facción burguesa que utiliza al PSOE fundamenta su propuesta federalistas en los desequilibrios territoriales y en las justas pretensiones de las regiones de España, para superarlos mediante una estructura federal. Sin embargo un estado federal es la suma de pequeños estados, gobernados por “sátrapas” que en modo alguno perciben un interés general, del común del pueblo español, y si un interés muy particular para beneficiarse ellos, sus seguidores políticos y los estamentos empresariales que en este marco federal pretenden hacer sus grandes negocios.
El Federalismo, en el S. XIX, podría haber sido una propuesta para solucionar los graves desequilibrios socio económicos de aquella España, mediante el acercamiento del poder a las gentes en sus territorios. Hoy se antoja una de las más insolidarias propuestas, que nada beneficiarán al pueblo y sí mucho a quienes esperan hacer el agosto en sus “reinos de taifas”. Comenzando por la cohorte de políticos hambrientos de más y más cargos, para así legitimar el incremento y duración en el tiempo de sus salarios de lujo a costa de los impuestos de la ciudadanía.
La cúpula del PSOE y un sector de sus cargos públicos, por mucho que pretenda adornar su propuesta Federalista, no acaban de explicar a su militancia (ajena a esta maniobra) el alcance de la misma. Habla el Sr. Sánchez de “una tercera Vía” y aún no se ha dado cuenta que la mayoría del electorado español (así se llama ese partido) no está para maniobras desvertebradoras de derechos comunes e iguales de toda la ciudadanía. Es notoria la reducción del poder territorial del PSOE, aunque alardee de que controla las presidencias de un buen número de autonomías, no por méritos propios. Cataluña se les va de las manos, la última encuesta de intención de voto sitúa, a su partido federado, el PSC (Partido Socialista de Cataluña), como fuerza marginal en el nuevo escenario político. Y ante el separatismo ya descarado de Convergencia y Esquerra, pretende ofrecer una “tercera vía”. Para algunos una “vía muerta”. Aunque ni eso siquiera, ya que esa vía conduce a una debacle electoral en el resto de territorios de España. La nueva cúpula del PSOE no ha entendido que una parte muy importante, de la población española, tiene aspiraciones de ejercer idénticos derechos y recibir las mismas prestaciones en todo el territorio de la nación. La experiencia autonomista ha mostrado una de sus peores facetas al dividir a la población española, en el ejercicio de sus derechos sociales y ciudadanos, en función de quien gobierna cada territorio. Ejemplos de todo tipo en Sanidad o Educación o en el pago de impuestos, muestran a las claras que las personas no son tratadas de la misma manera en cualquiera al lugar de España donde desee residir. Y esa discriminación en el trato sienta muy mal, cuando se entiende que el proyecto social es común. Por ello, aún hay tiempo y el PSOE debería abandonar su “sueño Federalista”, porque posiblemente sea el último que tenga.
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