Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educación de la Confederación General del Trabajo (CGT)
No hay mucho nuevo que añadir en el debate sobre la “violencia escolar”, el “bullying” etc…, pero si es cierto que, a pesar de las campañas llevadas a cabo sobre convivencia escolar, los sistemas de mediación en los conflictos establecidos y un buen número de acciones, en cada centro educativo se desarrollan incidentes como el recientemente difundido en redes sociales ocurrido entre dos alumnos de un centro escolar y no acaban de repetirse. Posiblemente todo este trabajo fundamentalmente docente esté dando frutos en el sentido de que disminuye el número y la intensidad de los conflictos.
De cualquier forma, es claro que es rara la familia que no tiene alguna referencia de cierto maltrato entre iguales en los centros educativos. No llega a “romperse la taza”, pero pequeños golpes acaban rajándola.
Se asocia la violencia escolar con variables fundamentalmente socio-culturales, donde el factor maduración, al final de la infancia y entrada en la pubertad y adolescencia, provoca la reiteración de comportamientos de acoso escolar entre alumnas y alumnos. Y es que no siempre, pero casi, lo que se vive en las casas, lo que aprenden niños y niñas en sus casas se transfiere con “normalidad” a sus pautas de conducta, de forma que quienes agreden a otros, se les antoja que “no es para tanto”. Vivir con normalidad, cotidianamente la violencia doméstica, es muy complicado de enmendar desde entornos escolares, sobre todo cuando los propios familiares de los agresores, tiempo ha, eliminaron el poco status que a los docentes les quedaba.
Activar los mecanismos positivos que el personal de los centros, las familias y alumnado puedan para mejorar la convivencia cotidiana es imprescindible. Importa también establecer medidas de carácter sancionador para cuando estos mecanismos positivos no sirvan, no consigan el objetivo perseguido. En determinados casos parece evidente que, tanto asuntos sociales municipales como la fiscalía del menor, deben recibir información de todos, y digo bien todos, los incidentes violentos o de acoso escolar, que reiteradamente protagoniza un determinado tipo de alumnado. Aunque estos no tengan “la gravedad” que se supone deben adquirir para dirigirse a tan alta instancia.
El que los casos de acoso, de baja intensidad, sean repetitivos, los desarrolle una persona concreta, con pocos años o muchos, es una muestra inequívoca de que, desde los mecanismos, adoptados para mejorar su integración en la convivencia del centro no están funcionando. Por ello, tanto el acosador como sus familiares deben ser conscientes de que desde la etapa educativa obligatoria se le va conformando un expediente que será sin duda tenido en consideración para adoptar medidas legales posteriores.
Porque los centros educativos más allá de la expulsión no tienen mecanismos coercitivos, y la Kafquiana fórmula del cambio de centro, sólo traslada el problema a otro centro sin aportar soluciones. Queda muchísimo por hacer y ¿siempre se mira a docencia para que lo haga?
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