Redacción | Castellar
A día de hoy, para la CGT, tanto el Gobierno Central como la Junta de Andalucía, están maniobrando de espaldas a estas poblaciones para llegar a una negociación que satisfaga a ambas partes; pero esa satisfacción tiene única y exclusivamente un componente político.
“Buena prueba de ello es el hecho de que, tras las beligerantes acciones de la Junta de Andalucía tanto con la ampliación del Parque Natural de los Alcornocales que incluyen la parte de esta finca no incluida dentro de los límites del parque, así como el inicio del trámite para declarar La Almoraima como Monte de Utilidad Pública, a fecha de hoy y en esto último, no se ha hecho nada”, dice el sindicato.
Para CGT, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente no ha tenido la más mínima intención de declarar la finca La Almoraima como Monte de Utilidad Pública en ningún momento; ya que tras casi cuatro meses desde su anuncio, no se ha iniciado nada.
“Este hecho es más que extraño y pone en evidencia las palabras de la Junta de Andalucía abogando por lo público en un momento socialmente mediático y ahora vista la dejadez, creemos que se está negociando un “apaño político” con el Ministerio de Agricultura.
¿Qué hay detrás de todo esto? Quizás la clave se encuentre en los últimos enfrentamientos entre la Junta y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por la negativa de este último a algunos permisos mineros”, asevera CGT.
CGT rechaza tanto los “juegos políticos” como la propia venta de la finca con fines meramente especulativos al capital privado.
Para CGT, si el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente no da marcha atrás de forma definitiva en la venta de la finca, la Junta de Andalucía con su presidenta a la cabeza deben de iniciar lo que anunciaron a la sociedad; es decir, declarar la finca La Almoraima como Monte de Utilidad Pública.
CGT ha puesto de manifiesto en el día de hoy que la finca la Almoraima debe de convertirse, junto con la finca de “los pozos de Majarambú” en motor de desarrollo del pueblo de Castellar de la Frontera y en ejemplo de que el desarrollo sostenible es capaz de mantener a los pueblos con trabajo digno, estable y de calidad.
CGT también hace un llamamiento a la gerente de la finca, para que desempolve el informe que, como Plan de Desarrollo Sostenible, elaboró la propia finca en el año 2007 y que concluye que la puesta en valor de las distintas actividades económicas de la misma es capaz de crear en torno a 150 puestos de trabajo.
Para CGT es necesaria una moratoria en la venta de la finca para iniciar un proceso de diálogo para poner en valor estas tierras y ocupar todas las energías en generar tanto trabajo como necesario es en estas poblaciones.
En asamblea popular celebrada al término de la marcha reivindicativa, se decidió que varios de los colectivos participantes en la misma, van a iniciar una ronda de consultas ante distintos organismos para exigirles que hagan públicas sus intenciones y que dejen de engañar a la población.
