Ángel Tomás Herrera | Licenciado en Derecho
Estos días, la ONG alemana Transparencia Internacional, a través de su edición 2013 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), nos ratificaba algo que ya sabía hasta el más pintado a estas horas de la película. España, después de Siria, es el país del mundo donde más ha aumentado la percepción de la corrupción. Y no es para menos, diariamente nos desayunamos con un listado amplio de tropelías, con nuevos latrocinios perpetrados por personajes de toda índole. Después de quince años, tenemos la peor calificación del dichoso Índice, y es que España desciende de la posición 30 a la 40, por detrás de Polonia o Brunei. A nadie le tiene que sorprender el suspenso, cuando han transformado esta piel de toro en el “país bananero” de Europa. Los germanos, que nos prestan los euros, son también los que nos ponen la cara colorada. Y encima para remate, ahí están los últimos sondeos de nuestro Centro de Investigación Sociológicas (CIS), situando la corrupción como segunda preocupación en la opinión pública, después del desempleo y por delante de la crisis económica.
Como explicaba Anne Kock, directora para Europa y Asia Central de Transparencia Internacional, al presentar el Informe IPC, “en España, todos los sectores, incluyendo los partidos políticos, la Familia Real y las empresas, estaban implicados en casos de corrupción en un momento en el que el país está sufriendo”. Resulta vergonzoso oír frases como éstas, ver como España cae sin freno en una espiral de corruptela y pelotazo sin parangón. Las valoraciones no pueden ser más aciagas. Si el IPC nos sonrojar, qué podemos decir del informe provisional anual que ha sacado el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, según el cual los Juzgados y Tribunales han tramitado un total de 2.173 procedimientos de especial complejidad, de los cuales 1.661 afectan a tipos penales de corrupción política y económica: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o apropiaciones indebidas, entre otros. Y no pongo más, porque la lista es de numerus apertus y tan amplia, que necesitaría miles de páginas para nombrar casos y condenados. Los casos Noós, Bárcenas, Gürtel, Palma Arena, Palau de la Música e ITV, Malaya, Eres fraudulentos, Pokemón, Campeón, Gescartera, Nueva Rumasa o Minutas son algunos ejemplos evidentes de este despropósito y robo piramidal, del que no se libra ni la Corona ni el cura del eccehomo.
Tenemos una ensalada de mangantes de cuello blanco tras las rejas, como es el caso del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa o el ex director general de la CAM Roberto López Abad. Otros están haciendo méritos para terminar con sus huesos en el talego, como ocurre con Jaume Matas, Carlos Fabra o José María del Nido. La cantidad de caraduras parece aumentar exponencialmente por año, y ya son más de 300 los políticos españoles imputados en presuntos casos de corrupción a lo largo del territorio español, afectando en especial a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por Cataluña o Galicia.
Y lo peor de todo no son los casos más mediáticos y con caras conocidas, la podredumbre se extiende como el moho sobre todo en el ámbito local. La mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de ex alcaldes y una treintena de alcaldes en el poder, que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A los que debemos sumar decenas de concejales también implicados en escándalos locales. Muchas veces me pregunto si esto de no valer un duro, las actitudes caciquiles o borreguiles y el ser chorizos de recebo, les viene a todos estos individuos de nacimiento o estaba ya fijado en su genética hoja de ruta política. En fin, serán enigmas de la sociología política o quizás de la psiquiatría de choque, no lo se.
Es curioso, la mayoría de regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Sólo en Galicia hay más de una docena de alcaldes imputados o condenados. Aunque la mayoría de procesos judiciales tienen el germen en obras y adjudicaciones públicas, muchas veces los casos derivan de auténticas miserias, que nos recuerdan el talante barriobajero y camaleónico de muchos de nuestros “politiquillos”. Ejemplos hay para dar y tomar, algunos de chiste, como el caso del municipio cántabro de Las Rozas de Valdearroyo, cuyo alcalde tuvo el buen ojo de nombrar como concejal de Medio Ambiente a un condenado por delito de incendio forestal o el caso del ex alcalde de Santa Comba – A Coruña, inhabilitado por conceder hasta 43 licencias de “tablaos flamencos” en su municipio, para prolongar la hora de cierre de los locales de hostelería – ni que estuviésemos en Sevilla.
Aquí en la Comarca también sobran chorizos y falta pan, y ejemplos de malas gestiones y derroches varios hay para escoger, como el caso Roseworld, con el ex alcalde de la Línea Juan Carlos Juárez al frente o el reciente escándalo de la edil de Festejos del Ayuntamiento de Tarifa, Ana María García, que se gastó 20.000 euros en dos facturas de móvil. Más de uno incluso se ha erigido, como San Jorge, en paladín de la sacra y santa moral, para ocultar su jindama y vagancia interior. En otras ocasiones no son las largas conversaciones o la mano en la caja las que llevan a la inhabilitación o la cárcel, sino las actuaciones más sibilinas, nacidas de un clientelismo abominable y una bajeza propia y ruda. Así podemos citar la denuncia al alcalde de Tomares por supuestas facturas e informes falsificados o el caso del ex alcalde de Cudillero, denunciado por denuncia falsa a un ex empleado por supuestas represalias. La insana pasión humana lleva en muchas ocasiones a la falsificación documental, que no tiene fronteras, alcanzando a informes técnicos, atestados policiales e incluso denuncias, por supuesto falsas. El carácter pusilánime de muchos regidores y su loco deseo de permanecer aferrado al cargo público, pasan por encima de todo y todos.
Es evidente que abría que hacer una buena criba con todos estos inútiles y parásitos que comen de la “olla grande”. Ahora que España ha sido transformada en bono basura y los buenos políticos languidecen bajo la sombra de una puñado de mafiosos, tenemos que tener esperanza en que los tentáculos de la corrupción no lleguen también a la Administración, sobre todo a la de Justicia, que es la encargada de poner en su lugar a toda esta panda de zafios. “ La corrupción lleva infinitos disfraces”, como recuerda Frank Herbert. Está detrás de un discurso y un apretón de manos, detrás de una comida copiosa o una oferta de trabajo. Está escondida, agazapada tras las promesas incumplidas, que nosotros sólo podemos castigar con las urnas.
Ahora que conmemoramos el nacimiento de nuestra Constitución, es momento de hacer una profunda e inspiradora reflexión: Con toda esta corrupción, con toda esta basura, no vamos a ninguna parte.
“Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene”. Publius Cornelius Tacitus (55-120 d.C.)
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