José Antonio Ortega | jaortega@jaortega.es http://www.jaortega.es
Si uno se interesa por el llamado caso Algesa, al hilo de todo lo último que en torno al mismo ha acontecido, la pregunta se convierte en ineludible. ¿Qué no contendría la grabación que en su día la ex gerente en funciones de la citada empresa municipal puso a disposición de la fiscalía? Que no contendría, digo, para que el asunto haya derivado hacia donde lo ha hecho, sorprendiendo a propios y extraños.
No voy a ser yo quien saque de esta historia conclusión alguna. Y mucho menos de manera precipitada. Entre otras razones porque a estas alturas de este más que interesante thriller todavía no es posible. Digamos que nos hallamos en el nudo de la trama y que hay que aguardar, eso sí con mucha atención, hacia donde va apuntando el desenlace. No obstante, alguna que otra consideración sí que se puede hacer con los datos de que se dispone en la mano. Aun a riesgo de que dichas consideraciones resulten poco atinadas o, si lo quieren, erróneas.
Me da la espina de que éste de Algesa es otro de esos episodios relacionados con la gestión de la cosa pública en el que bien se puede emplear aquello del “piensa mal y acertarás”. Sea como fuere, la verdad es que resulta difícil de entender que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras haya de repente aceptado readmitir a dos ex directivos de dicha empresa que previamente fueron por dos veces despedidos –en mayo de 2012 y en enero de 2013– como consecuencia de su presunta implicación en el robo de mercancía decomisada. Y más difícil de entender que supuestamente lo haya hecho en cumplimiento de unas sentencias del Juzgado de lo Social –recurribles y recurridas, si no me equivoco– que no declararon dichos despidos como nulos, sino como improcedentes, y que, por tanto, no obligaban a que fueran readmitidos, sí o sí.
Flaco favor hace el equipo de gobierno del señor Landaluce a la causa de la lucha contra la corrupción en la administración pública al permitir la vuelta a la dirección de Algesa a dos individuos que fueron cesados de sus cargos y puestos de patitas en la calle por ser considerados unos presuntos delincuentes. Si es que realmente fueron despedidos por esa más que justificada razón. Detalle éste que, cuando menos, también cabe plantearse, visto lo visto. A pesar de que fueron pillados in fraganti y detenidos por el Servicio de Vigilancia Aduanera mientras delinquían, según se publicó en su momento, allá por abril de 2012.
Claro que lo que más sombras de duda proyecta sobre este apasionante affaire son varios hechos concatenados que invitan a la sospecha y a toda clase de elucubraciones sin necesidad de tener una imaginación como la de Tolkien. Tanto es así que hay quien ve en la retirada de la denuncia por parte de la ex gerente en funciones de Algesa, que llevó a cabo la comprometedora grabación, en la conocida supuesta imputación del concejal Luis Ángel Fernández y en la solicitud de archivo de la causa por parte del ministerio fiscal un pacto solapado para tapar a alguno o a algunos del Partido Popular algecireño determinadas vergüenzas.
Decía días atrás en rueda de prensa el secretario de Política Institucional del PSOE de Algeciras, Fernando Silva, que algo huele a podrido en todo esto. Es decir, que lo que hay o ha podido haber detrás de este embrollo es un chanchullo de cojones. Yo ni lo creo ni lo dejo de creer. Aunque es más que probable. Ya saben, cuando el río suena…
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