José Antonio Ortega Espinosa | Periodista y escritor
No sé a ustedes, pero a mí el tan traído y llevado proyecto de ley para hacer más transparentes las administraciones públicas me parece una tomadura de pelo a la ciudadanía. Entre otras razones, porque creo que no estamos tan necesitados de nuevas leyes como de medios, y voluntad política, para que de verdad se cumplan las que ya existen. Muchas de las cuales, como sabemos, se las pasa por el forro nuestra clase dirigente cada vez que le viene en gana.
El principio de que los administradores han de rendir cuentas a los administrados sobre su gestión está contemplado en la Constitución. Pero es que, aunque no lo estuviera, sí que lo está implícitamente en la concepción misma de la democracia y su funcionamiento. Al menos en el concepto de democracia tal y como lo entendemos en Europa Occidental.
El mejor ejercicio de transparencia que quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos podrían hacer es no mentirnos. Con eso ya llevaríamos mucho ganado. Y si, de paso, se preocuparan más por cumplir al pie de la letra y con mayor rigor las promesas electorales con las que obtienen nuestro voto, cuando lo obtienen, ya sería la repera. Claro que, tal y como está el patio, esto es demasiado pedir y –creánme– lo entiendo.
Puestos a hablar de mentiras, la cuestión de los desahucios, de candente actualidad, me viene que ni pintada a fin de ilustrar parte de lo hasta aquí dicho. Llama mucho la atención, por ejemplo, que el argumento de aquellos que se oponen a la dación en pago no sea otro que el daño que podría causar a nuestro sistema financiero una medida de ese tipo. Y más la llama aún que, al mismo tiempo que dicen eso, traten de restarle gravedad al problema afirmando que sólo afecta a un 3 por ciento de los hipotecados. Lo que resulta toda una contradicción y bastante notoria, por cierto.
Si es verdad, como aseguran, que quienes no pueden pagar su hipoteca son una minoría, ¿a qué viene eso de decir que intentar dar una salida digna y honrosa a tan insignificante número de afectados podría poner en riesgo la propia existencia de los bancos? ¡A ver en qué quedamos! ¡Ni que estuviéramos todos los españolitos con hipoteca deseando desprendernos de nuestras casas a la menor oportunidad!.
Nadie pretende, pienso, que se amnistíe, digámoslo así, a los deudores, ni muchísimo menos. La única amnistía que se ha hecho en este país a deudores últimamente, que yo sepa, ha sido la que ha beneficiado a ciertos defraudadores de Hacienda, y presuntos delincuentes, Bárcenas incluido.
Aunque para falsedad, y de lo más flagrante en lo que a este asunto se refiere, la que ya han exhibido, y continúan exhibiendo, algunos, en respuesta a ese decreto-ley recién aprobado por el gobierno de la Junta de Andalucía sobre desahucios y viviendas deshabitadas que personalmente aplaudo. A más de un destacado responsable del PP le ha faltado tiempo para poner el grito en el cielo defendiendo no sé sabe qué intereses. Que lo haga la patronal del sector inmobiliario y la patronal de la banca se comprende. Pero que lo haga un representante político, y con cargo público de responsabilidad, puede considerarse una cantada en toda regla y queda hasta feo.
La iniciativa legislativa andaluza ni es propia de un régimen soviético, pues, en realidad, es una norma similar a las que sobre el mismo menester rigen en otros países de nuestro entorno, ni es un atentado contra el derecho a la propiedad privada, que en ningún caso puede estar por encima del bien común ni por encima del derecho a la vida de la gente.
De paripés, señores, ya está bien la cosa.
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