Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educación de la Confederación General del Trabajo (CGT)
El comienzo de curso ha llegado y aún el alumnado no ha pisado las aulas cuando las familias, muchas de ellas mediante grupos de wassap reciben el listado del material escolar que deben llevar al centro, incluyendo los paquetes de folios correspondientes por cada hijo o hija y una suma de dinero que puede oscilar entre 10 y 25 euros. Se preguntan las familias ¿Qué ha pasado con el material que el año pasado se llevó al centro? Los retoños apenas utilizaron un 30% del mismo y nada se sabe del resto. Es difícil hacer comprender a cada familia que haya gastado los 1000 folios, o los 10 lápices de escribir, o que las tijeras se hayan roto o la regla que todos los años se vuelve a pedir. Una de dos o el alumnado son agujeros negros que consumen y rompen todo el material de curso a curso o algo nada claro ocurre en los centros. Y del dinero mucho cuidado con no dar cuentas claras de en qué se gasta hasta el último céntimo de dineros que nunca debieron ser pedidos.
La enseñanza es obligatoria y por ello gratuita. Si obligan a las familias a llevar a sus hijas e hijos a los centros, cosa más que discutible, aunque por tradición se ha asumido, qué menos que esa obligación con el Estado no conlleve “impuestos adicionales”. Se supone que se pagan impuestos para, entre otras cosas, que la educación sea gratuita. Que nadie tenga que aportar cosa alguna y que con los gastos de funcionamiento de los centros educativos se atiendan todas las necesidades. Cuando se dice que España es el 5º país por la cola en inversiones en educación, se entiende que quien hace las cuentas no cuenta con lo que les cuesta a las familias la educación de sus hijos e hijas.
Políticos y sindicalistas que defienden una escuela de todos y para todos deberían pedir cuentas a los gobiernos autonómicos, que son los competentes, sobre el control de la “gratuidad”. En función de la norma ningún centro educativo tiene competencia en pedir nada a las familias. Y las familias no deben gastar dineros en materiales escolares. Incluso el asunto de los libros de texto, donde el costo está tasado y existen “cheque libros” para su adquisición, debería ser a cuenta totalmente de las administraciones educativas.
El estado de limosneo que algunas familias deben hacer para que sus hijas e hijos puedan tener material escolar es denigrante, cuando la ley les obliga a enviarles a la escuela o instituto. En este estado de pedigüeñísmo, de los centros escolares, tiene sentido que la Caixa y ayuntamientos “donen” materiales escolares, cual de nuevas limosnas se tratara denigrando, porque son publicitadas, tanto a quien la recibe como a quien públicamente se enorgullece de darlas. Justicia y no favores. Esto de pedir material escolar a las familias debe cortarse de raíz.
Noticias de la Villa y su empresa editora Publimarkplus, S.L., no se hacen responsables de las opiniones realizadas por sus colaboradores, ni tiene porqué compartirlas necesariamente.
