Redacción | San Roque
El primer edil dividió el pleno de ayer en dos partes: una primera dedicada “a la gestión, a avanzar en los retos que nos ponen los ciudadanos a los tres partidos que conformamos el Gobierno Municipal”; y otra parte, “protagonizada por una oposición que lleva 25 meses dedicada a madurar los resultados electorales de mayo de 2011, cuando los ciudadanos les dijeron que no iban a gobernar”.
En su opinión, esta actitud de PP y USR “provoca distanciar cada vez más a la oposición y el gobierno. Pero no van a conseguir que nos saquen de nuestra línea de actuación”. Explicó que las prioridades de los tres partidos son la generación de empleo, el aumentar las partidas de Bienestar Social y el intentar que se lleven a cabo inversiones que creen puestos de trabajo y riqueza en el municipio.
En la sesión de ayer, dentro del punto 7 denominado “Mociones presentadas por razones de urgencia, en virtud del artículo 91.4 del ROF”, los seis miembros del PP y los cuatro de USR presentaron “in voce” una moción con la que se persigue reducir en un 50% el gasto político del Ayuntamiento, lo que supondría recortar a la mitad el número de ediles liberados (nueve, contando al alcalde).
La oposición municipal utilizó el texto de una moción que presentó hace unos meses el concejal del PSOE Juan José Puerta (actualmente fuera del Equipo de Gobierno), que también fue rechazada en su día. Se da la circunstancia de que el concejal Puerta no se encontraba en el salón de sesiones en el momento de la presentación de esta moción de urgencia, ya que se ausentó del mismo tras discutirse el punto 4.6.
En el balance del pleno, el alcalde ha señalado que “no entiendo cómo se atreven a presentar esta propuesta”, teniendo en cuenta que la última vez que gobernaron juntos PP y USR, el número de concejales liberados en la Corporación era de 12. A esta docena de ediles sumó “el hermano del señor Palma (asesor entonces de la Universidad Popular) y a su secretaria particular, ambos también liberados”.
Además, apuntó Ruiz Boix, los tres primeros puestos de la candidatura del PP se encuentran en la actualidad liberados por otras administraciones distintas al Ayuntamiento: el cabeza de lista, Fernando Palma, como consejero liberado de Arcgisa “y cobrando más de 50.000 euros al año”; José Antonio Cabrera, como vicepresidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, “con un sueldo anual de más de 40.000 euros al año”; y Pilar Cuartero, como diputada provincial, “cobrando más que el alcalde de San Roque”. Indicó que el salario de los tres procede “de las tasas de basura y del agua que pagan los sanroqueños, en el caso de Palma y Cabrera, y del sobrecoste del Servicio de Recaudación Provincial que se cobra a los ciudadanos de este municipio y que hemos intentado renegociar” con Diputación.
En cuanto a Juan José Puerta, al que definió como “el concejal díscolo del PSOE”, indicó Ruiz Boix que “aunque se ausentó de la sala por motivos que no ha justificado, parece que dejó al PP y a USR el encargo de que presentara su moción”.
Para el alcalde, la actitud de Puerta en la actualidad contrasta con la que mantuvo cuando integraba el Equipo de Gobierno: “Entonces no éramos nueve liberados, sino diez, y él percibía el máximo que se puede cobrar como concejal al ser teniente de alcalde. Recuerdo que en esa época nunca pidió una reducción de su sueldo. En realidad decía que cobraba un salario muy bajo, que no se correspondía con la enorme responsabilidad que tenía”, apuntó.
Tampoco ahorró críticas a USR: “Durante los años que estuvieron en el gobierno, todos sus miembros estaban liberados por el Ayuntamiento o por Mancomunidad, a los que se sumaban otros cuatro asesores. De manera que toda la cúpula de este partido cobraba de las arcas públicas”.
En opinión del regidor sanroqueño, “después de tres meses tratando de cocer una nueva moción de censura, con los gerifaltes del PP provincial en San Roque reuniéndose con todos los partidos, han visto que no pueden llevarla a cabo. Por eso, intentan dinamitar este gobierno municipal con este tipo de mociones”.
Ante el hecho de que la moción no prosperó por no alcanzar los once votos necesarios (como se indica en el artículo 83 del ROF, que data de 1986), Ruiz Boix dijo que “algunos de los concejales, como los señores Palma, Cabrera, Torti y Ledesma, llevan hasta cuatro legislaturas en la Corporación. Lo normal es que se hubieran leído la guía del concejal y que conocieran algo de la legislación que rige los plenos”.
En cuanto al receso pedido por la oposición para que la secretaria general de la Corporación aclarara si era necesaria dicha mayoría absoluta, Ruiz Boix indicó que “se montó un número en el que participaron algunos vecinos de San Roque, entre ellos algún miembro de la directiva del PP local, quienes acorralaron a la secretaria general de la Corporación. Dejemos que actúe con libertad”, apostilló.
En lo referente a la primera parte del pleno, centrada en la gestión, el alcalde hizo un resumen de los puntos principales que se discutieron. Así, en cuanto a los dos expedientes urbanísticos (en el complejo Cepsa y en Torreguadiaro), dijo que “ambos generarán riqueza y actividad económica, siempre respetando la normativa medioambiental”.
Respecto a la interposición de un recurso contencioso-administrativo para recuperar los 3,5 millones de euros conveniados con la empresa autonómica Epsa en 2008, dijo que “en esta medida se ve el espíritu del Grupo Socialista y de este alcalde de anteponer los intereses del municipio a cualquier consideración política”, al estar gobernada la Junta de Andalucía por el PSOE.
En cuanto al equipamiento deportivo que se quiere recuperar para el Ayuntamiento en San Roque Club, señaló que “la empresa concesionaria no cumple lo estipulado, y tiene una deuda de casi un millón de euros en concepto de canon. Además de que tampoco ha construido el hotel previsto”. Señaló que desde el Consistorio se buscarán soluciones para, en primer lugar, preservar los empleos existentes, además de “tener en cuenta el posible interés de otras empresas en gestionar este equipamiento”.
Finalmente, y respecto a las operaciones bancarias suscritas en su día con el Banco de Santander “a unos tipos de interés muy elevados”, señaló que “el Consejo Consultivo de Andalucía los considera nulos de pleno derecho” y que este órgano ha marcado la línea a seguir para que el Ayuntamiento pueda beneficiarse con casi dos millones de euros: 1,5 millones que se podrían recuperar por intereses pagados de más; y casi medio millón que todavía no se ha abonado a la entidad bancaria.
El alcalde dijo que este dinero será “estupendo para seguir desarrollando las políticas de bienestar social y empleo que nos caracterizan. Estamos intentando encontrar ingresos para disminuir la tasa de desempleo en el municipio y para reforzar las partidas presupuestarias destinadas a las familias más desfavorecidas”.
