Redacción | Los Barrios
En la misiva exponen las razones y argumentos que motivan su demanda: “Creemos que esta señora ejerce una gestión marcada por la incompetencia en los resultados y lo despótico en las formas. Hasta ahora no ha hecho más que rechazar todos los proyectos que le hemos presentado y guardar un silencio cómplice para no mostrar los resultados de la auditoria que ha hecho el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a la gestión de la finca desde su expropiación a Ruiz Mateos en 1983”.
El colectivo, además, recuerda algunas inversiones que se han hecho con dinero público desde 2009: “3,34 millones desde el Plan E impulsado por el Gobierno del presidente Zapatero. Tambien 7,4 millones a través de un Plan de Sostenibilidad impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. Y 700.000 euros de subvenciones europeas”.
Por ello lanzan la siguiente pregunta; “¿Dónde han ido a parar estos cerca de 11 millones de euros de los contribuyentes?”.
El SAT habla del “abandono de la finca en todas sus instalaciones e infraestructuras: invernaderos, casas rurales, caminos, veredas. Son también muestras de esa incompetente irresponsabilidad de la señora Ugalde la usurpación de vías pecuarias, la usurpación de caminos históricos, y no digamos la falta de investigación de “la seca”, la enfermedad que está matando al alcornocal y causa principal en la caída en la producción de corcho. Esa caída es de un 40 por ciento en la última década según fuentes de la empresa, y ni ella ni el Ministerio han hecho nada”.
También piden explicaciones sobre “si se expropiaron a Ruiz Mateos 16.000 hectáreas… ¿Cómo es posible que haya hoy solo14. 000? ¿Dónde han ido a parar las otras 2.000?”.
Argumentan que “la señora Ugalde sigue un guión marcado por el señor Cañete, que la rescató de su jubilación para darle un sueldo de 100. 000 euros anuales a costa de despedir a trabajadores que han desarrollado su actividad durante años en La Almoraima. Pero lo que nos parece inadmisible del todo es que disponga en la Casa Convento de una suite, con unos privilegios propios de los tiempos satirizados por Berlanga en la película La escopeta nacional. Ocurre que en Castellar no estamos para bromas, pues en un pueblo con más de 400 parados, que una señora terrateniente haga y deshaga con semejante sueldo y se dé a la gran vida nos parece un insulto cruel y con recochineo de tiempos que creíamos ya superados”. Y añaden, ” La deontología tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal, con lo que se “puede” o se “debe” hacer. Mientras en Castellar hay familias que tienen que recurrir a Cáritas, esta señora no solo no gestiona bien los recursos naturales sino que se está aprovechando de su situación para su lucro personal, con un desprecio total a la realidad de este pueblo”.
Por todo ello le piden al ministro que “la cese inmediatamente, rectifique su política de privatizar La Almoraima y respete los intereses de los pueblos de Andalucía y no venda al pueblo de Castellar pues la finca supone el 78% del término municipal. ¿Se imagina señor Cañete que el Gobierno de Madrid hubiera vendido a un propietario privado el 78% del término municipal de Jerez de un plumazo cuando usted era concejal de la oposición en esa ciudad? Seguro que hubiera puesto el grito en el cielo”, concluye el SAT en su misiva.
