Ángel Tomás Herrera | Licenciado en Derecho
Desde la Guerra de Sucesión Española y la aplicación del Tratado de Utrecht en 1713, Inglaterra pasa a apoderarse de Gibraltar, generando desde entonces un problema de complicada solución para España. Son sucesivas las ocasiones de confrontación y hostilidades que se han producido a lo largo de los lustros, poniéndose a prueba la deseada vecindad a la que ambos territorios están inevitablemente condenados. Puedo entender la reiterada demanda española de soberanía, así como el hecho de que los gibraltareños no deseen ser españoles y nadie les tiene que obligar a ello, pero al menos lo mínimo que deben hacer los gobernantes de la colonia y Gran Bretaña, es no molestar, no hacer más difícil la digestión de una situación anacrónica que tiene mala solución y que tiende por momentos a enquistarse. Si la piedra en el zapato comienza a moverse, resulta mucho más dolorosa para el propietario del zapato, lo que conlleva que aquél tenga que tomar medidas drásticas que no gustan a nadie y de las que podemos salir mal parados todos.
Y medidas drásticas son las que viene tomando el Gobierno español a raíz de tres frentes abiertos por el primer ministro de la Roca, Fabián Picardo, desde este pasado mes de agosto. Estas actuaciones unilaterales están provocando un conflicto diplomático comparable en importancia al cierre fronterizo de 1969, y la verdad no pienso que se trate de una serpiente de verano, porque cada día se denuncian nuevos hechos y la ofensiva del gobierno español ha propiciado una serie de denuncias, quejas, decretos, medidas y sanciones que no tienen vuelta atrás y tienden a perpetuarse en el tiempo. Incluso se están planteando tasas de peaje o modificaciones fiscales y sanitarias para ciudadanos gibraltareños. La caja de Pandora se ha abierto.
El primer problema que enciende la mecha es el provocado por setenta bloques de hormigón C40, de dos toneladas de peso cada uno, que lanzan los gibraltareños frente al aeropuerto de la Roca, en una zona usada como caladero tradicional por los pescadores españoles. La escusa es la creación de un arrecife artificial que ya se planteó a raíz de un Acuerdo de 22 de mayo de 2012 entre el Gobierno gibraltareño y las Cofradías de Pescadores de La Línea y Algeciras. Después de varias reuniones, el proyecto termina frustrándose, pero Gibraltar sigue adelante y de hecho tiene la intención de lanzar varios bloques más de doce toneladas y la plantación de pasto marino. Resulta curioso ver como en dicho informe técnico se dice que con tres millas de aguas territoriales poco se pueda hacer para proteger el medio marino, y recomiende que Gibraltar extienda sus aguas territoriales a las 12 millas. Quizás ésta sea la intención última de Picardo, utilizar los informes técnicos y la legislación ambiental europea para su demanda de jurisdicción sobre las aguas que rodean la Roca. Y ello puede ser así además, porque de hecho España ganó el año pasado una disputa con Gibraltar sobre una zona de mar contigua ante el Tribunal Europeo de Justicia, utilizando precisamente las directivas comunitarias medioambientales, reconociéndose la jurisdicción española sobre esta zona declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) por su alto valor ambiental.
Precisamente en esta cala este de la Roca, de gran valor ecológico, se está construyendo un espigón y se está ganando terreno al mar para construir un complejo inmobiliario de lujo valorado en “más de un billón de libras”, con 200 apartamentos, aparcamientos subterráneos, un puerto deportivo con capacidad para 300 barcos, un hotel de cuatro estrellas y 300 habitaciones, además de establecimientos comerciales y oficinas. Este es el segundo problema que también ha denunciado España a raíz de la polémica sobre el arrecife artificial. Y la denuncia no sólo viene por el hecho de afectar a unas aguas que nuestro Estado entiende como suyas, sino por el hecho de afectar a un LIC y desconocer los efectos nocivos que está construcción artificial pueda provocar. Pero para rizar el rizo, el problema se ha enquistado más aún si cabe, pues Verdemar – Ecologistas en Acción han denunciado que el material con el que se hacen los rellenos viene de la Duna de la Playa tarifeña de Valdevaqueros, que goza de una figura de protección ambiental. Al parecer más de 55.000 metros cúbicos de arena se han extraído con la presunta autorización o aquiescencia del Consistorio tarifeño. La denuncia por presuntos delitos de hurto agravado y falsedad documental, así como la actuación de la Fiscalia, serán las que pongan a cada cual en su sitio. Por de pronto, el Alcalde tarifeño nada dice y niega cualquier comisión de investigación, y eso que según se denuncia se han extraído los áridos sin que se hubiera concretado el proceso de información pública necesario.
El tercer problema que ha surgido también en este mes de agosto es el referente a la contaminación marina que provoca el trasvase de barco a barco por parte de buques gasolinera gibraltareños. Nuevamente la denuncia ecologista pone sobre la mesa este problema del “bunquering”, que se ha convertido en habitual en aguas del Peñón, que al carecer de espacio opta por almacenar hasta 300.000 toneladas de fuel en grandes buques o “gasolineras flotantes”, que vienen a trasvasar más de siete millones de toneladas de combustible al año. Como sabemos esto ha levantado ampollas entre el Ejecutivo español, lo que ha llevado a Arias Cañete ha intentar combatir esta contaminación y el riesgo mismo de la operación a través de la legislación ambiental. Para cubrir la laguna legal sobre el “bunquering” se está planteando declarar la zona de trasvase como Zona de Especial Conservación, que supone una figura jurídica de más peso que la de LIC. Además, con la intención de empezar a sancionar esta actividad e ilegalizarla, Cañete ha optado por modificar la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para poder sancionar el fondeo permanente de estas gasolineras flotantes con multas que van de los cien mil a los dos millones de euros. Es una ofensiva en toda regla que pretende ampararse en la normativa ambiental – como de hecho también hace Picardo -, para torpedear la acción del contrario e invalidar cualquier demanda subyacente referente a la soberanía territorial o a la pretendida jurisdicción marítima sobre unas “aguas gibraltareñas”.
Todos estos problemas están provocando una gran tensión en la frontera, volviendo a resurgir los reproches sobre el narcotráfico, el contrabando, el blanqueo de capitales o los problemas derivados de ser Gibraltar un auténtico paraíso fiscal. Además podemos añadir la continua expansión gibraltareña hacia el mar, algo que ya se evidenció con la ocupación de costa y mar español con la construcción del actual aeropuerto; los hostigamientos a policías en la frontera y los barcos pesqueros españoles; el arrojo de basuras y residuos al mar o la acusación ecologista de la utilización del dique 3 del astillero gibraltareño para presuntamente la pesca “ilegal” de melvas – según Verdemar, cinco toneladas diarias –, y eso que la pesca de esta especie está prohibida para este caladero. Estos asuntos son sólo algunos de los muchos problemas y trapos sucios que ahora se están ventilando. Pero no nos vengamos a engaños, las propias autoridades gibraltareñas y británicas están utilizando políticamente el tema, y el Ejecutivo español no es menos. Los conflictos con Gibraltar le están viniendo muy bien a un Gobierno de Rajoy acuciado por los problemas de corrupción política y supuestas financiaciones “irregulares”.
La hipocresía ha tejido la maraña de este conflicto diplomático y el cinismo es compartido por ambas partes. Mientras que Picardo adquiere inmuebles en nuestro territorio e inicia caminos que no llevan a Roma, España denunciado estas últimas actuaciones sin tener en cuenta que gran parte del tabaco gibraltareño que se utiliza para el contrabando se lo vendemos nosotros, y que el combustible que almacenan los gibraltareños y suministran a través de operaciones de “bunquering”, se lo vende España sin IVA ni impuestos especiales. Y si tratamos el tema de los rellenos costeros y el material empleado, no podemos mirar para otro lado, España ha vendido en los últimos tres años al Peñón cerca de un millón de toneladas de menas y minerales por un valor de 18,33 millones de euros ó más de dos millones de toneladas de arena y áridos en los últimos 18 años por valor de 36,93 millones de euros. Contribuimos al despropósito, nos lucramos con él y encima denunciamos. Así nos va con todo, así es nuestra España, la mano izquierda nunca sabe lo que hace la derecha, y los llanitos lo saben bien.
En esta política de “hechos consumados” en la que se ha instalado nuestro vecino gibraltareño siempre existirá de fondo la demanda territorial y la jurisdicción sobre unas presuntas aguas territoriales. Es evidente que en siglo XVIII no existía el concepto de jurisdicción marítima y que España siempre ha apelado al Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713 para establecer la “teoría de la costa seca”, es decir, un Peñón sin litoral, pero lo cierto es que desde que se celebrase la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) en Montego Bay, Jamaica, en 1982, se ha establecido un régimen jurídico internacional básico sobre los límites marinos de los Estados ribereños, en el sentido que cualquier territorio costero tiene proyección jurisdiccional sobre sus aguas adyacentes. Este convenio denominado la Constitución de los Océanos ha sido ratificado en 1997 por España con una cláusula interpretativa unilateral, con el sentido de advertir que el texto del convenio internacional no puede ser interpretado y aplicado como reconocimiento de derechos o situaciones relativas a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el texto del Tratado de Utrecht. Gran Bretaña siempre ha apoyado las aspiraciones gibraltareñas, reconociendo una jurisdicción de tres millas en las aguas que rodean la Roca y esquivando cualquier debate sobre la soberanía del territorio.
La “contienda bélica” continúa en los despachos y no admite una solución fácil. Las demandas sobre la soberanía y la jurisdicción del territorio y sus aguas circundantes no tiene una solución clara debido al Derecho de Libertad de Navegación que rige en el Estrecho y la complejidad de un territorio que comparte los intereses de tres Estados – España, Marruecos y Reino Unido –, más los locales de Gibraltar y la Comarca Campogibraltareña. Parece ser que no sólo los intereses, derechos y aspiraciones, sino también los elementos, el espacio, la geografía, el agua, la arena o las rocas van a tener la última palabra en este manido conflicto. La arena ya no es duna ni volatera sobre pinares y enebros costeros, ahora el levante la ha mezclado con el agua marina, transformándola en movediza, acechante, fagocitadora de empresas, acuerdos o cargos; sólo emerge desafiante y mayestático el Peñón, nuestro Monte Calpe.
“No mandé mis naves a luchar contra los elementos” – Frase atribuida a Felipe II tras la derrota en 1588 de su Grande y Felicísima Armada Española, la conocida como “Armada Invencible”, en la pretendida invasión de Inglaterra durante la Guerra Anglo-Española de 1585-1604.
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