Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educación CGT
En las películas de vaqueros el episodio del “robo al tren”, era frecuente. Los bandidos de ahora, que no se conforman con ello, roban todo el ferrocarril. Ya en su momento, el gobierno del PSOE, dividió la tradicional Renfe. Creó dos sociedades: Renfe Operadora, encargada de los tráficos de personas y mercancías y Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), que se encargada de las infraestructuras. Renfe perdió el significado, que desde su fundación en 1941 venía teniendo: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. El emblema de unas cuantas generaciones se liquidó un 31 de diciembre de 2004. Nueve años después el gobierno del PP, apuntilla la maniobra dividiendo Renfe en cuatro sociedades y ADIF en dos. El pasado 10 de diciembre, los sindicatos UGT, CCOO y Semaf, con el acuerdo firmado con el Ministerio de Fomento, dieron luz verde a la privatización y segregación de Renfe Operadora. Se crearán cuatro Sociedades Mercantiles Estatales: Renfe Viajeros S.A., Renfe Mercancías S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A., Renfe Alquiler Material Ferroviario S.A., y un Ente Público Empresarial para la supervisión del grupo. Tres días después, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, se aprueba la división de Adif, separando de este modo las actividades de alta velocidad de las que se realicen por la vía convencional.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha explicado que esta decisión tiene por objetivo lograr una “mayor racionalización” del sector ferroviario y la “máxima eficiencia” y estabilidad. Vuelta a palabras que dicen, pero no dicen. Identifiquemos quienes se benefician de esta maniobra y comprenderemos algo más el alcance de “mayor racionalización” o “máxima eficiencia”, porque la “estabilidad” está garantizada ya que toda la ciudadanía seguirá asumiendo las pérdidas que produzca la parte “no rentable” de ADIF, que es la que se concentrará en la sociedad “ADIF tradicional”.
La porción rentable de ADIF, la destinada a la Alta Velocidad, se encargará de la construcción y administración de todas las infraestructuras de alta velocidad, así como de las “funciones que se le transfieran”, como las estaciones de AVE, las telecomunicaciones o el suministro energético. Y como esta sociedad financiará sus gastos con sus ingresos, con los ingresos de los operadores y con los ingresos del mercado, podrá abaratar el alquiler de las infraestructuras a los “operadores privados”. Las compañías privadas harán buenos negocios utilizando una infraestructura barata de carácter público. Al separar ADIF en dos partes se transfieren las mayores pérdidas, por el mantenimiento, a los presupuestos generales del Estado. De esta forma toda ciudadanía asumirá las pérdidas. Los beneficios de la explotación de las infraestructuras de la alta velocidad, servirán para permitir que las empresas privadas, que se dedican a transportar personas y mercancías en Alta Velocidad, alquilen el uso de las vías e instalaciones a bajo coste. En el lenguaje que tanto le gusta al Capitalismo: Serán más competitivos a costa de los bolsillos de la ciudadanía.
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