Ángel Tomás Herrera | Licenciado en Derecho
Si Montesquieu conociese la actualidad de nuestro país, probablemente se avergonzaría tanto de lo que está pasando, que negaría haber escrito su mágnifica obra “Del Espíritu de las Leyes”, donde enunciaba la deseada separación de poderes, como una de las formas de régimen más garantistas para los derechos ciudadanos, evitando el despotismo y la tiranía. Hoy esas trias políticas, que parieron a lo largo de los lustros los grandes autores del pensamiento, las más revolucionarias legislaciones y culturas, y que incluso a más de uno le costó la cabeza en la parisina Plaza de La Concordia, no existen en nuestra realidad cotidiana. Esa deseada separación del poder legislativo, ejecutivo y judicial parece hoy una auténtica utopía, desdibujada por los oscuros intereses políticos y la desvergüenza imperante. Para alguien que ha estudiado el Derecho y su historia, la situación de la Justicia en España es una auténtica tragicomedia shakesperiana. La división de poderes está diluida, se ha quedado en los libros, y languidece impregnada por los intereses partidistas y la espesa corrupción, que afecta a todos los campos sociales y políticos, y de la que no se salvan tampoco jueces y órganos judiciales.
Los cambios de criterios judiciales, las injusticias legalizadas en forma de sentencias y los movimientos orquestados, según a quien se enjuicie, han hecho saltar las alarmas. No me extraña que desde Europa el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO), nos haya puesto la cara colorada, hablando del “riesgo de politización” de la Justicia española, sobre todo a raíz de las últimas reformas populares. Esta mala imagen de la judicatura, ya no es sólo una cuestión de encuestas o un tirón de orejas desde la UE, el propio Fiscal General del Estado ha denunciado esta galopante injerencia del Gobierno en el Ministerio Fiscal y el poder judicial en general. Torres Dulce lo ha dicho claro, al presentar el Libro Blanco del Ministerio Fiscal: No se quiere una Fiscalía “teledirigida” desde el Gobierno.
Esta politización, que le quita la venda de los ojos a la Justicia, sólo beneficia a los detentadores del poder y el dinero, desprestigiando a los magistrados y generando tremendas injusticias para los ciudadanos. Gallardón ha focalizado la intervención gubernamental sobre todo en los organismos superiores de la carrera judicial y en los altos Tribunales. Para ello, por un lado, se ha asegurado una mayoría de jueces afines a sus políticas en la cúpula del Consejo General del Poder Judicial – CGPJ -, colocando como Presidente del Tribunal Supremo a Carlos Lesmes, afín al partido popular y ex Director General del Ministerio de Justicia durante ocho años en la etapa Aznar. Por otro lado, el Ministro de Justicia sigue con sus reformas legales, entre las que destaca la anunciada y polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha vuelto a avivar las críticas de jueces y juristas, tras la polémica Ley de Tasas Judiciales y la privatización de diferentes organismos públicos y judiciales.
Una reforma que pretende “militarizar la judicatura”, silenciando la opinión de los jueces ante asuntos de interés público o críticas a reformas normativas; suprimiendo la figura de los decanos y juntas de jueces, que tantas soluciones han dado ante vacíos legales y problemas sociales como la protección de los consumidores ante las ejecuciones hipotecarias o los intereses abusivos; o haciendo desaparecer los Juzgados de Paz y las Audiencias Provinciales, por unos llamados Tribunales de instancia, que contarán con un presidente directamente elegido por el CGPJ, es decir, controlado por el gobierno directamente. Esta reforma, que esperemos no se lleve a cabo, es todo un gesto de politización y atentado a la independencia judicial. Como dice Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, se pretende escoger un juez “cómodo” y a dedo para cada asunto concreto, y más si tiene relevancia pública o política. Se trata de una estrategia que se ha fraguado a raíz de los cientos de casos de corrupción, y con la que se pretende silenciar judicialmente muchos de estos escándalos. El clientelismo judicial siempre ha existido de facto, lo que ocurre es que ahora se ha perdido la vergüenza y se pretende institucionalizar con todo el descaro y ante la opinión pública, utilizando para ello cargos a dedo y reformas legales, cuanto menos irregulares, innecesarias e interesadas.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pretende cambiar todo el panorama judicial, apostando por una sola voz, por una jurisprudencia única y vinculante, que parta del Tribunal Supremo y sea aplicado sin discusión por el resto de juzgados y tribunales. De esta forma se pretende que las decisiones políticas se canalicen desde el TS, petrificando la jurisprudencia y generando no pocas indefensiones judiciales y conflictos. Diferentes voces de fiscales, abogados y jueces están llamando la atención sobre la corrupción y politización de la vida judicial. Y para muestra, las declaraciones del portavoz de todos los jueces decanos españoles, el juez decano de Palma de Mallorca, Francisco Martínez Espinosa, que alerta sobre el “intervencionismo y politización partidista” de la Justicia actual, no extrañándole en absoluto la intervención comunitaria del GRECO o la reciente denuncia ante la ONU de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, donde se expone el lamentable y bochornoso espectáculo de la Justicia española, frente a la extendida corrupción y la injerencia continuada del Gobierno. La queja dedica además un apartado especial al actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, al que define como “persona de confianza del Gobierno”, lo que en opinión de la plataforma cuestiona más aún la imagen de independencia de toda la judicatura española, “en un momento en el que deben juzgarse importantes casos de corrupción que afectan al partido que sustenta al Gobierno y a la oposición”.
Tal y como está el panorama, no va tan mal encaminado el juez Elpidio Silva, cuando dice que “España no es país para jueces”, que se lo digan a él con el juicio que está teniendo. Nuestra Justicia está en muchos aspectos desahuciada, corrompida, vapuleada. Sufre una enfermedad que nos salpica a todos, que gangrena los cimientos judiciales, no sólo beneficiando al poderoso y silenciando las fechorías del corrupto, sino que sobre todo vulnera y daña de forma irreparable la independencia judicial, por un lado, y por otro, los derechos de los ciudadanos, sumidos en muchos casos en previsibles indefensiones judiciales y procesos sospechosamente “amañados”. Ya lo dijo Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.” Espero de corazón que entre todos hagamos homenaje a Montesquieu, y la división de poderes sea una realidad. Entonces podremos componer a esa impoluta dama, colocándole de nuevo la venda en los ojos, la espada y la balanza, sin mayores problemas. Mientras tanto, no nos queda otra que denunciar, votar en conciencia, cruzar los dedos… revelarnos.
“El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.” Isabel Allende.
Noticias de la Villa y su empresa editora Publimarkplus, S.L., no se hacen responsables de las opiniones realizadas por sus colaboradores, ni tiene porqué compartirlas necesariamente.
