Juanlu González | Escritor y Analista
La calidad de la democracia española se ha ido deteriorando progresivamente hasta involucionar a algo que se parece poco menos que a un estado fascista y totalitario. Sabemos que la economía hace tiempo que quedó al margen de la voluntad popular, pero las reformas de los últimos gobiernos del PP y PSOE han seguido creando nuevos espacios opacos a la democracia, ya sea en el ámbito de las relaciones laborales, en el de la movilización y protesta ciudadana e, incluso, en el de la libertad de expresión. Si a ello unimos el control empresarial de los medios de comunicación y su vinculación a la derecha política, nos pinta un triste panorama y marca el enorme trabajo que queda por hacer en los próximos años.
Durante los tiempos duros del terrorismo de ETA, todos los que nos situábamos en la izquierda alternativa hemos sufrido el estigma de una supuesta connivencia con la banda. La forma de criminalización favorita de los poderes del estado siempre era la misma, la pertenencia al grupo armado o al entorno etarra, que era tan grande que incluía a movimientos ecologistas, pacifistas, internacionalistas, antinucleares, feministas… en suma, a todo lo que sonara a izquierda en Euskal Herria y en todo el estado español.
Muchos, cuando ETA dejó las armas definitivamente, nos sentimos aliviados. Obviamente por la desaparición de un problema y por la apertura de la vías políticas para explorar la consecución de un nuevo modelo de estado más democrático, donde muchos nos pudiésemos sentir más cómodos; pero también porque ya cansaba la presión policial, política y mediática que se desataba contra los movimientos sociales por parte de las cañerías del estado. Algunos ya estábamos hartos de jugar a descubrir al policía infiltrado en nuestras manifestaciones, hartos de buscar al espía de los cuerpos represivos que se afiliaba a nuestras organizaciones para investigarnos de cerca, hartos de campañas de información que engordaban las fichas policiales ilegales que se hacían a los miembros de ONGs que trabajaban, públicamente, por el bien común, la paz, la solidaridad o el medio ambiente.
Pero, una vez más, despreciábamos la capacidad de la derecha —política y mediática— para seguir agarrada a la teta de ETA todo el tiempo posible, repartiendo carnés de buenos demócratas a sus correligionarios y de proetarras a todos aquellos que les resultaban incómodos. Y así lo hemos venido padeciendo hasta estos últimos años, si no que se lo pregunten a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a Podemos, a la CUP o a tantas otras víctimas de las víctimas de ETA, el PP y la Brunete mediática.
Esta práctica habitual, más bien cansina, de la política española, es una de las situaciones que denunciaba la obra “La Bruja y don Cristóbal”, estrenada en Granada a finales de enero y representada este fin de semana en Madrid, dentro de la programación del carnaval de 2016. Un policía —que representa a la Fuerza del Estado—, golpea a una bruja —que representa a los antisistema— y cuando la deja inconsciente, le coloca un cartel en el que pude leerse «Gora Alka-ETA» para desacreditarla, haciéndole una foto para presentarla como prueba. Nada nuevo bajo el sol, sólo una descripción satírica de lo que hemos sufrido en democracia tantos y tantos voluntarios de movimientos sociales.
Pues bien, agarrarse cual clavo ardiendo al contenido —eso sí, debidamente interpretado— de la pancarta, de manera descontextualizada y pretender hacernos creer que los autores están haciendo apología del terrorismo dentro de una obra de ficción y crítica política es, cuando menos, un absurdo. Es como si, en una película de cine, se presenta una escena en exteriores donde hay una pintada en favor de ETA y un juez manda encarcelar al director por apología del terrorismo.
La acción del juez es un atentado contra la libertad de expresión sin parangón en los últimos tiempos. Lo más probable es que pudiera constituir un delito de prevaricación. Quedarse con ese Alka-ETA sin tener en cuenta su contexto y decretar prisión incondicional sin fianza e incomunicada para sus autores, es poco menos que una aberración jurídica que no debería quedar impune. Lo malo es que una simple bruja no puede hacer gran cosa contra uno de los poderes del estado.
La acción política de PP y PSOE no es menos deleznable. Sabiendo que se trata de, como mínimo, un error judicial, se han lanzado como buitres a la carroña para dañar en lo posible al gobierno de Madrid y pretenden incluso denunciar por apología del terrorismo hasta la mismísima Carmena. Da igual que estén haciendo un ridículo espantoso, tienen a la inmensa mayoría de los poderes mediáticos a su vil servicio para hacerles de mamporreros, de altavoces, de papagayos para repetir sus lerdas consignas.
No obstante, el caso debería servir para poner en evidencia la necesidad de abrir un periodo constituyente en el que se revisasen los restos de autoritarismo que aún sobreviven en el régimen posfranquista. Si aún se puede meter en la cárcel a unos actores por representar una obra de ficción durante las fiestas de celebración del carnaval, es que hay algo que no funciona. Para empezar, es necesario abolir los tribunales franquistas de excepción, esa Audiencia Nacional que ya no tiene razón de ser en un estado democrático. Son ellos los que necesitan a ETA para justificar su existencia, como la derecha cavernaria, no saben vivir sin ella. Nosotros estamos encantados de vivir sin ella.
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