Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educación CGT
Pocas personas conocen que se viene hablando de Educación Financiera. Hace pocos meses, se ha puesto en marcha un Plan, que lleva ese nombre, para el periodo 2013-2017, y que está promovido, nada más y nada menos, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. En ese Plan se hace referencia a la complejidad de los mercados y de las relaciones financieras que “está poniendo de manifiesto una creciente necesidad de prestar atención a la educación financiera de los ciudadanos, consumidores y demandantes, actuales o potenciales, de tales productos y servicios.” Se reseñan algunas actuaciones de organismos internaciones tipo OCDE, expertos de la Comisión Europea e incluso del propio G-20, “que en su última cumbre se declaró abiertamente comprometido con los principios internacionalmente consensuados sobre educación financiera.”¿Cómo no van a estar interesados también en firmar convenios y acuerdos la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc)…..?
Consecuentemente con el papel que los reales poderes económicos encomiendan a los sistemas educativos, pretenden que desde los centros educativos se legitime la privatización de los sistemas de seguridad ciudadana. Así de claro se refleja: “La educación en los colegios (fíjese el lector que se mencionan colegios, no Institutos) es el factor clave que nos ayudará a conseguir el objetivo de garantizar un adecuado nivel de educación financiera de la población. Esta acción es prioritaria en la estrategia para este nuevo período. El aumento de la esperanza de vida unido a la inestabilidad del mundo laboral y la falta de planificación de los ciudadanos en relación al momento de su jubilación, así como la importancia de los seguros en la protección contra el riesgo, hace necesario incentivar la cultura en el ámbito del seguro y de los planes de pensiones.”
Meridianamente expresada la “culpa” de las personas, que no planifican el sostén de su vejez o las atenciones que deben recibir cuando enfermen. La ciudadanía además de pagar enormes impuestos, por todo, incluso un pedazo de pan, y a todas horas, debe ser más previsora y contratar seguros de todo tipo, para poder estar atendidas sus necesidades básicas. O este otro párrafo: “Se tratará de concienciar a la población de la necesidad de planificar la jubilación.” ¡Más claro imposible! A esta gran obra, de destrucción de las garantías ciudadanas, han puesto mano la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, instituciones de un Estado, que dice ser social y de derecho, y que parecía tener por objeto el velar por el interés general de la ciudadanía. Con esas condiciones ¿Para qué necesitamos un Estado?
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