José Antonio Ortega | jaortega@jaortega.es - www.jaortega.es
La pasada semana el Constitucional dio su visto bueno a la Ley del Suelo que en 2007 puso en marcha el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La institución que vela por que nuestro ordenamiento jurídico se ajuste a los principios y preceptos contemplados en nuestra Carta Magna considera que dicha ley, recurrida por el Partido Popular, y modificada después de la llegada de Rajoy a la Moncloa en 2011, no vulneraba las competencias de las autonomías y contribuía a frenar el uso de terrenos con fines especulativos, limitando la extensión de espacios urbanizables, otorgando un carácter público a la propia actividad urbanizadora y estableciendo una reserva de edificabilidad para vivienda asequible.
Lo hacía el alto tribunal a través de una resolución que, independientemente de los efectos jurídicos y prácticos que pueda tener a día de hoy, sirve para poner los puntos sobre las íes, en una materia controvertida como siempre lo ha sido y lo es la gestión del urbanismo, y para dejar en evidencia a quienes siempre defendieron y defienden una concepción mercantilista del suelo, pasándose por el forro consideraciones sociales o medioambientales, en perjuicio de los ciudadanos. Esos mismos que se han pasado los últimos cinco o seis años culpando de las dificultades económicas actuales al anterior gobierno del PSOE y, muy especialmente, a quien lo presidió, con falsedades de todo tipo. Cuando de sobras es sabido que el origen de la profunda recesión que habría de afectar a la mayoría de las economías occidentales estuvo en el hundimiento de parte del sistema financiero internacional, entre 2007 y 2008, con un terremoto que tuvo su epicentro en los Estados Unidos. Como sabido es que dicha recesión se vio agravada en el caso de España debido al estallido de nuestra burbuja inmobiliaria y la caída del sector de la construcción, base y sustento hasta entonces del crecimiento de nuestro PIB.
Aparte de los errores en el tratamiento contra la crisis, que los hubo, como los ha habido y los sigue habiendo, no sólo aquí sino en otros muchos estados europeos, si alguna culpa tuvo el gobierno de ZP en el desastre que nos habría de sobrevenir de 2008 a 2011, fue precisamente la de no aprobar, mucho antes de lo que lo hizo, la referida iniciativa legal, ahora refrendada por el TC, para derogar las medidas urbanísticas extremadamente liberalizadoras promovidas por el Gobierno de José María Aznar. Una legislación aquélla la de 1997 y 1998 que tuvo como objetivo, es verdad, corregir el déficit en la oferta de viviendas que sufría este país, pero que, además, les vino de perlas a especuladores y mangantes, aparte de a bancos, promotores y empresas constructoras, para protagonizar sonados pelotazos urbanísticos y montarse de billetes.
Si la Ley 8/2007, de 28 de mayo, se hubiera aprobado y aplicado antes, probablemente el estallido de la burbuja inmobiliaria tampoco se habría evitado, ni se habrían evitado muchas de sus nefastas consecuencias, aunque tal vez el problema no habría llegado a alcanzar las dimensiones que finalmente ha alcanzado y algunos de sus males se podrían haber mitigado. Supongo yo que, al menos, no se habría construido con la alegría con la que se construyó en todo nuestro territorio patrio y no se habría cometido la barbaridad que se cometió de edificar aquí tanto o más de lo que durante el mismo período se edificó en el Reino Unido, Alemania y Francia en su conjunto.
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