Ángel Tomás Herrera | Licenciado en Derecho
Alberto Ruíz Gallardón, ese ministro del PP que iba de progre, se ha embarcado en una vorágine de privatizaciones que no parece tener fin. Tras reformar todo el sistema judicial “a la americana”, ha instaurado un régimen recaudatorio de tasas judiciales, que más que agilizar y descongestionar los juzgados, evitando pleitos carentes de fondo e inútiles, ha provocando una desbandada generalizada de clientes de los despachos de abogados, poniendo en jaque el acceso judicial a muchos españoles. Y si polémicas resultan estas actuaciones, no han suscitado menos críticas los indultos que ha venido firmando o la trasnochada reforma de la Ley del Aborto. Ni las quejas ciudadanas ni el debate parlamentario sobre la reforma legal abortista, le han hecho cambiar de parecer. Por no cambiar, no cambió ni el gesto tras sus pobladas cejas, cuando atisbó las tetas de las activistas de Femen, que le recriminaban desde la balconada del congreso.
Al menos el primer ministro de Justicia tiene algo a su favor, es el primero que ha logrado algo que parecía imposible: unir a todos los sectores del mundo del Derecho y la Justicia en su contra. Desde jueces, fiscales, abogados y procuradores hasta sindicatos y consumidores, todos llevan a gala el admitir que estamos ante uno de los ministros de justicia más nefastos y polémicos que ha parido esta corrupta democracia. Mientras la constitucionalidad de las tasas tiene un largo recorrido judicial de recurso en recurso, y las clínicas abortistas portuguesas y francesas se frotan las manos, ahora al santo varón se le ha ocurrido la feliz idea de privatizar el Registro Civil, al socaire del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros.
Lejos quedan los famosos libros parroquiales de bautismo, defunciones y matrimonios, que durante tantos siglos guardaron las iglesias y parroquias de ciudades y pueblos, siguiendo los ecos de la tradición romana justinianea. Unos asientos y libros que con el tiempo se utilizaron y admitieron como fe probatoria en contenciosos civiles, y que terminaron regularizándose bajo el signo del Concilio de Trento. Andando el tiempo, con la proclamación de la libertad de culto instaurada en toda España por la Constitución de 1869, se propuso la existencia de un Registro Civil en el que pudiesen anotarse todos los datos civiles relevantes, desde la cuna a la sepultura, fuesen o no católicos los usuarios. Y así surgió la Ley de 17 de junio de 1870, que implantó por vez primera el Registro Civil, con vigencia en todo el territorio y carácter público y gratuito. Toda una historia que describe el acerbo de un derecho civil romano, transformado con el pasar de los siglos en una raigambre de derecho público, que ahora puede languidecer, bajo la amenaza privatizadora de un gobierno conservador, enamorado de un modelo neoliberal desaforado.
Si los peritajes judiciales y la llamada oficina de reparto se quieren articular bajo la esfera de la empresa privada, ahora el punto de mira apunta al Registro Civil, que se quiere privatizar bajo el auspicio del Colegio de Registradores de la Propiedad. Ello conllevará como primer efecto que el Registro dejará de ser público y gratuito, por primera vez en su dilatada historia, además de las incertidumbres labores que se le van a generar a sus más de tres mil trabajadores. El negocio ya está servido, la gestión de los Registradores de la Propiedad, que cobrarán por aranceles, hará que a través del Registro Civil puedan controlar buena parte de los trámites jurídicos de la vida civil de los ciudadanos, que actualmente prestan jueces, secretarios judiciales y funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia. Todos tendremos que pasar por la caja, queramos o no, y ahí esta el negocio redondo. Y más cuando los registradores no llegan a más de 800 en todo el territorio, gozando de unos privilegios que ahora con el Registro Civil se van a maximizar. Otro gran problema será la financiación del Registro Civil, estimada en más de 150 millones de euros anuales, para la que Gallardón tiene previsto cogernos nuevamente de paganinis del sistema, cobrándonos por cualquier gestión. De esta forma los usuarios se transformarán en contribuyentes de un sistema privatizado y controlado por un colectivo de millonarios, como está pasando con las tasas judiciales.
Una cuestión más en el candelero es el sistema informático que se va a emplear. Los registradores de la propiedad se quieren quedar con las modernas aplicaciones informáticas que tienen las oficinas del Registro Civil actualmente, y que supusieron un coste de 130 millones de euros. Pero la cosa aún no está clara, pues la guerra por el negocio de proveer la plataforma y la concepción del nuevo sistema registral está servida, y se aceptan ofertas. Se ha levantado la veda para el negocio público, y no era para esperar menos, de este gobierno de corruptos y trileros. Además, las cosas no suceden porque sí, hay quien relaciona esta privatización anunciada, con un “negocio entre amiguetes”, pues no podemos olvidar que como se comenta, parientes cercanos a Gallardón y Rajoy son registradores de la propiedad. Así que blanco y botella, que todo queda en casa.
El lobby registral está intentando llevarse el gran negocio sin concurso público, a dedo, aprovechando la vertiginosa conversión privatista de Gallardón, mientras los tentáculos populares se extienden peligrosamente entre los diferentes estamentos y estructuras de la Administración de Justicia, para tapar bocas, para acallar vergüenzas. Esta es mi España de las oportunidades y el negocio, mirando para otro lado, y pagando hasta por registrar tu muerte. Esto es el neoliberalismo descarnado, carente de sentimientos y corazón. Todo es negocio y productividad, por encima de personas y asistencia pública. Después de todo, no es para tomárselo como algo personal, hay que hacerse a la idea que somos costos intermedios, dolorosos, números, estadísticas. Fuera los complejos, como dicen los catalanes, “ la pela es la pela”.
“La historia humana es trágica por naturaleza, y, cuando se cambia para mejorar, siempre hay costos intermedios. Sabíamos perfectamente que desprenderse de las empresas públicas y la flexibilización laboral iban a dejar a gente en la calle. Pero son fenómenos transitorios en una estrategia que me parece que ha servido al desarrollo humano. Por doloroso que sea, era necesario pasar por todo esto para hacer empresas más productivas. ”
Michel Camdessus. Ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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