No hace mucho el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, aprobaba un decreto ley (concretamente el 5-2010) que además con la mayoría absoluta el parlamento andaluz refrendó. El mencionado decreto ley creaba nuevas agencias. En todas las provincias andaluzas se multiplican los actos de protesta de las personas afectadas por la aprobación del decreto-ley 5/2010 que aplica medidas urgentes para reordenar la Administración pública de la Junta de Andalucía.
Los aspectos más negativos de esta reordenación para algunos de los afectados son los siguientes: En la actualidad, existe un proceso “selectivo abierto y transparente para todo aquel que quiera estudiar una oposición” pero a partir del próximo 1 de enero, si no se consigue parar la entrada en vigor del decreto “habrá vía libre en la Administración para el enchufismo y el mangoneo político”. Además esta reordenación supondrá la “privatización de la Administración pública, además de colocar por la puerta de atrás a más de 20.000 personas que no superan procesos selectivos limpios basados en los principios de publicidad, capacidad y mérito”. A ello se añade la perdida de imparcialidad de las personas que presten servicios en la mencionadas agencias vinculadas más al político de turno que lo contrata que al interés general La nueva normativa permitirá una mayor “presión política en la Administración al estar formada ésta por trabajadores contratados y, por tanto, en condiciones menos estables y más susceptibles de ser presionados por los políticos para tomar las decisiones que a ellos les interesen”.
Por otro lado, se trasvasa casi el 50% del funcionariado a estas agencias dejando vacías de contenido a las actuales administraciones publicas, perdiendo transparencia el sistema administrativo público. Debemos recordar que la Cámara de Cuentas ha denunciado que las contrataciones de los entes instrumentales de la Junta se realizan sin publicidad y que la gestión de fondos no está sometida a control alguno. Alguien ha visto publicado en BOJA las ofertas de empleo de FAFFE, UTDLTE, FASS, FAISEM, FADAIS, EGMASA, Escuela de Salud Pública de Andalucía, “la utilización de la figura del contrato menor (no precisa publicidad) para contratar a dedo a sus enchufados vía asistencia técnica, etc.”
Por otro lado no es entendible el por qué se le da carácter público empresarial a determinadas agencias en esta fase de reestructuración cuando las competencias que se trasvasan son solo administrativas. Se lamentan los colectivos de afectados de que tras esta maniobra se esconde una segunda y de mayor calado donde se PRIVATIZARAN las áreas de las delegaciones, para ceder la gestión a EULEN (área servicios sociales), El Corte Inglés (área aplicaciones informáticas), Atento (servicios de call center), etc, o las empresas locales que los políticos controlan.
El papel de UGT y CCOO ha sido decepcionante, pasando en un primer momento a presentar recursos ante el tribunal superior de justicia de Andalucía, para después de una entrevista con el presidente Griñan, firmar un acuerdo y retirándolos, dejando el asunto como estaba, sin pedir siquiera a las personas afectadas su opinión mediante un referéndum.
En definitiva nos encontramos ante una de la mayores operaciones para consolidar derechos inexistentes a miles de personas “agraciadas”, por el trato recibido por la administración socialistas en las últimas décadas. Posibilidad de privatizar miles de puestos de trabajo hasta ahora públicos. Y ello sospechosamente en fecha cercana a una más que hipotética pérdida del poder en Andalucía. ¿Será o no será? ¡Esa es la cuestión!.
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