José Antonio Ortega | jaortega@jaortega.es - www.jaortega.es
Para no variar, doña Mercedes Alaya ha hecho coincidir un nuevo escrito sobre la causa de los eres con la convocatoria de unas elecciones en esta comunidad autónoma. ¿Por casualidad? Probablemente. Aunque esto no es, en mi opinión, lo más criticable de las actuaciones de la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla en este caso.
La jueza se despachaba la pasada semana, en la que se le ponía fecha a la nueva cita con las urnas, señalando a todos los miembros de los consejos de gobierno presididos por Manuel Chaves entre 2004 y 2007. Casi ná.
Me da a mí que, si pudiera, la señora imputaría, y hasta enchironaría, a todo el PSOE andaluz. Ganas, cuando menos, parece que no le faltan, visto lo visto.
A juicio de un servidor, esta mujer se está pasando tres pueblos –son varias las veces que instancias superiores de la administración de justicia y de la fiscalía le han tenido que llamar la atención por cuestiones que no sólo han tenido que ver con las formas– y, como he dicho en alguna otra ocasión, no me extrañaría que sus excesos algún día le lleguen a pasar factura.
La tesis que la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla esgrime para llevar el caso de los eres hasta donde lo está llevando es que el sistema de ayudas sociolaborales que el gobierno regional puso en marcha allá por 2001 no sólo es ilegal, sino que, además, fue ideado por los dirigentes socialistas para delinquir, permitiéndose hacer una valoración que ni le corresponde, ni se sustenta en evidencias, y que resulta falsa e injusta. Falsa e injusta, porque una cosa es que haya habido malversación de fondos y otra distinta trasladar a la opinión pública que todo el dinero destinado a dichas ayudas haya sido sustraído, cuando es sólo una mínima parte la que se ha desviado y ha ido a manos de quien no debía.
No hay que olvidar que estas ayudas de las que hablamos, junto a la partida con la que se financiaban, fueron aprobadas año tras año por el gobierno de la Junta y por el Parlamento autonómico, cuya capacidad y legitimidad para legislar no se puede poner en duda así como así. Se puede discutir respecto a la legalidad o ilegalidad de los procedimientos por el que se pagaron, pero no sobre la facultad del ejecutivo andaluz y la cámara de representantes para ponerlas en marcha. Y menos aún especular sobre la intencionalidad última de las mismas, cuando ésta no era otro que auxiliar a empresas en crisis y trabajadores que perdían su empleo.
Para que se me entienda, lo que quiero decir es que, si damos por buenos los argumentos de Alaya, podríamos poner, por ejemplo, en entredicho un determinado modelo de becas para el estudio del Ministerio de Educación en el momento en el que se detectase alguna irregularidad en el abono de las cuantías a los destinatarios. Podríamos igualmente poner en entredicho al ministro del ramo y al gobierno que hubiera aprobado la convocatoria para su concesión. Y, ya que estamos, hasta a los diputados y senadores que hubieran aprobado con su voto el presupuesto general del estado correspondiente incluyendo la iniciativa.
Si en los casos Gürtel y Bárcenas, el juez Ruz aplicara los criterios que nuestra doña Mercedes está aplicando en el de los eres, a día de hoy la cúpula entera del PP, empezando por Rajoy, bien por acción, bien por omisión, y todos los que fueron dirigentes de esta formación desde 1990 para acá deberían estar imputados por no enterarse de lo que pasaba con sus tesoreros. ¿O no?
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