Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educación de la Confederación General del Trabajo (CGT)
Que muchas administraciones públicas en general y ayuntamientos en particular han cedido la gestión, y el beneficio correspondiente a empresas privadas, de determinados servicios públicos, es una realidad. Algo chocante, si se mira desde la perspectiva del interés general en la gestión de los servicios públicos. De hecho estos servicios afectan a la población en general y se supone deben atenderse desde las administraciones públicas y ayuntamientos. No en vano los vecinos, desde tiempos muy antiguos, se han juntado para dar soluciones a los problemas que les aquejaban. ¿Qué otro sentido tendría la existencia de estas instituciones públicas? Las personas que habitan juntas comparten el beneficio del apoyo mutuo y la posibilidad de, juntas, dar respuesta a necesidades que todas experimentan y que individualmente son difíciles de satisfacer. La traída de agua desde las fuentes y manantiales, el saneamiento, la depuración consecuente, la instalación de luz en las calles, que estas estén en condiciones de ser transitadas por personas y vehículos, el transporte público, la gestión de los residuos, de las basuras, para no contaminar o generar insalubridad, la atención médica y sanitaria…
Estas, y otras muchas más, son las razones por las que todas las personas que viven en sociedad se ajusten a normas e impuestos, porque de esta forma pueden vivir mejor que solas o aisladas. Pero el vecindario, que elige a personas para gestionar los servicios y el patrimonio comunes, se encuentra que, bien por vagancia, por irresponsabilidad o por otros intereses no confesables, las elegidas buscan a empresas privadas para que se hagan cargo (mediante pago) de atender esos servicios que son comunes. Permitiendo, además, que esas empresas privadas fijen los precios, evidentemente al alza y superiores al coste del servicio que se presta.
Es posible externalizar los servicios públicos, ¡privatizarlos vaya!, mediante distintas fórmulas. Las más utilizadas son la adjudicación del mismo a una empresa privada, o bien mediante la creación de empresas públicas de capital mixto, donde la administración es propietaria del 51% y la empresa privada del 49%. Esta fórmula da una falsa imagen de que es el ente público el que gestiona el servicio, cuando en realidad esto se convierte, de hecho, en una cesión de la gestión total a la empresa privada. Ejemplo cercano de este tipo es Emalgesa, empresa municipal de aguas y saneamiento de Algeciras, dedicada a la gestión del ciclo integral del agua. Por cierto su web (http://www.emalgesa.com/index.htm) se encuentra en construcción en más del 80%, con lo que la información es escasísima. Esta empresa está gestionada por Aqualia, perteneciente a FCC, y que el pasado día 18 de diciembre“ se dispara en bolsa tras anunciar una ampliación de capital para recortar deuda”.
Tres son pues la fuentes que inspiran a políticos vagos o incapaces, o peor aún, avariciosos, para privatizar servicios públicos esenciales. La primera se residencia en no querer trabajar, aunque se pongan sueldos sustanciosos como alcaldes y concejales. La segunda, que se suma a la primera, es que huyen de los problemas y no desean dar la cara ante la ciudadanía que los votó. Como el servicio lo presta una empresa privada que vayan los vecinos a quejarse a ella, si funcionan mal. La tercera y más perversa es la facilidad con que se puede obtener “beneficios” utilizando el poder que se ostenta. En las empresas privadas se puede colocar a dedo a quien se quiera. Amigos, familiares o correligionarios de partido, son contratados a mansalva, por la empresa privada, a cambio de que los dineros que se llevarán salgan de las arcas públicas. Pero, además, por otorgar las concesiones es posible recibir “sobres”, e incluso a través de testaferros, participar en los beneficios que genere la empresa privada concesionaria. En definitiva un chollo para el político que privatiza y una arruina para la ciudanía engañada. Un requisito del cambio pasa por revertir todo lo externalizado y gestionarlo mediante control público (no político). Esta receta permite extirpar uno de los males que invade a las administraciones públicas hiper-politizadas.
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