José Antonio Ortega Espinosa | Periodista y escritor
Hay quien se sorprende de que a estas alturas de la instrucción del caso Nóos la infanta doña Cristina haya sido imputada. Que lo haga la Casa Real es, en cierto modo, comprensible. Pero que lo hagan no sólo muchos de quienes le toman el pulso a diario a la actualidad de este país, sino también profesionales de la abogacía o la judicatura, raya hasta en lo esperpéntico. Y más aún si se da por sentado que han leído el auto del Juez Castro, que no está falto de consistencia, como algunos señalan, sino más bien todo lo contrario.
Lo verdaderamente sorprendente de todo este asunto es que la infanta no haya sido imputada hasta ahora. Pues no se debe olvidar que ha formado parte, como vocal, de la junta directiva –órgano colegiado de gobierno y dirección, como recalca el propio auto– de una entidad, la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, cuya actividad es la que está en entredicho. Como no se debe olvidar tampoco que es propietaria del cincuenta por ciento de una sociedad mercantil implicada en la trama.
Y no es que yo me alegre de que a la mujer la imputen, ni muchísimo menos. Entre otras cosas porque creo, o quiero creer, que Su Alteza Real ha sido en este caso más bien víctima de los presuntos chanchullos y tejemanejes de su marido que culpable de complicidad en los mismos. Pero sí me alegro de comprobar que, con sus más y sus menos, sus luces y sus sombras, el estado de derecho en España, unas veces mejor, otras peor, funciona y nadie está libre de ser citado a declarar ante un tribunal si es sospechoso de haber cometido o participado, por acción u omisión, en un delito.
También hay quien intenta cargar ya las tintas sobre el instructor de la causa para desviar la atención. Que es lo que, lamentablemente, ocurre en este país en los últimos tiempos si a un magistrado-juez le da por adoptar resoluciones que molestan o incomodan a determinados sectores del poder y de la clase dirigente. Enseguida se le pone en la picota y, si es posible, hasta se le acusa de estar confabulado con los rojos, los judeo-masones o váyanse ustedes a saber qué otra clase de malvados conspiradores.
Cuando en realidad el juez Castro ha sido prudente, discreto y comedido en todo el proceso de la investigación, eso pienso, y a las pruebas no hay más que remitirse. Tanto que, además de fundamentar jurídicamente la imputación, lo cual es requisito de obligado cumplimiento, se ha visto prácticamente forzado a justificarse, y a justificar su decisión, sin necesidad de hacerlo.
Se está diciendo, y no sin razón, que el hecho de que una infanta tenga que acudir a declarar como imputada en un caso de corrupción perjudica la imagen de España. Aunque, en honor a la verdad, y por desgracia, yo no creo que dicha imagen pueda verse mucho más dañada de lo que ya lo está. Así que quedémonos con lo positivo del asunto, que no es otra cosa que el ejemplo de democracia que la administración de justicia española, con sus muchos defectos, que los tiene, podría estar dando.
No voy a hacer yo una encendida defensa de la monarquía, porque soy republicano por principio y convicción. Pero no quisiera terminar sin decir algo que ya en otras ocasiones he dicho: que siempre me ha caído y todavía me sigue cayendo bien este rey, por parecerme un hombre sencillo, cercano y bonachón. Claro que también me cayó en gracia Rajoy cuando lo vi hacer alarde de sus dotes de actor invitado interpretándose a sí mismo en aquella serie de la Primera de TVE, “Jacinto Durante, representante”, y no veas tú los chascos que con don Mariano me he llevado desde entonces hasta la fecha.
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