Alguien puede pensar que los conceptos transparencia fiscal y reforma laboral, tanto en lo que afecta al abaratamiento de los despidos o con la sustancial modificación de la negociación colectiva, son aspectos diversos de la organización social que pueden no tener mucha relación. Sin embargo cuando se adoptan acuerdos en estas materias los fondos económicos que sostienen las posibles decisiones se relacionan directamente con la fiscalidad que el Estado tiene establecida.
Cuando patronos y empresas sindicales pretenden “agilizar” el mercado de trabajo o la negociación colectiva, siempre miran al Estado como elemento regulador de un conjunto de decisiones económicas y en consecuencia fiscales. El Gobierno ante la falta de acuerdo entre agentes “económicos y sociales” disparata el asunto regulando lo que sin duda provocará una inestabilidad mayor aún del clima en las relaciones laborales. Cuando se habla de agilizar el mercado de trabajo se concreta la posibilidad de que la empresa pueda contratar y despedir en función de sus propios intereses, haciendo abstracción de la situación que su decisión produzca en la persona trabajadora afectada. Se abunda por parte de algunos de los padres del Estatuto de los Trabajadores en que esta norma se gestó al inicio de la transición política que se encontraba muy condicionado por la salida del anterior régimen político dictatorial excesivamente “paternalista” con las trabajadoras y trabajadores. Y es cierto que eso era así y también era verdad que el empresariado en aquellos momentos gozaba de una situación fiscal evidentemente de mayor relajo que en el presente. En esta reforma laboral pretende el empresariado que el posible paternalismo que proyecta el actual Estatuto de los Trabajadores desaparezca, pudiendo contratar y despedir sin indemnización alguna y sin tener que justificar el motivo del despido. De llegarse a esta situación es evidente que el Estado debería proteger a las personas despedidas garantizando unas prestaciones por desempleo mientras el derecho al trabajo, constitucional donde los haya, no se materialice.
Esto supondría que la flexibilidad en el despido debería conllevar una mayor responsabilidad del Estado con todas las personas que desean trabajar y son despedidas. Así enlazamos esta cuestión con el tema de la Fiscalidad, ya que el empresariado, que pretende “ahorrarse” el costo del despido y la reducción a cero de sus obligaciones contractuales, debe asumir que las cuentas del Estado son las que deben dar respuesta a las necesidades de las personas que perderán el empleo. Y es aquí donde encaja igualmente la reforma reciente en materia de negociación colectiva porque aparte de las modificaciones en los periodo de renegociación de los convenios, lo que más puede preocupar es lo que señala el Ministro Valeriano Gómez de que “el convenio de empresa tendrá preferencia sobre los convenios provinciales”. Esta medida aprobada por el gobierno socialista supone permitir a las empresas modificar a la baja las condiciones de los sueldos fijadas en los convenios de ámbito superior (sectoriales o territoriales), aunque ¡eso sí! “sólo cuando las perspectivas económicas de la empresa puedan afectar a las posibilidades de mantenimiento del empleo” Volvemos a insistir ¿Quién se fía de quien? Porque evidentemente no hay trasparencia ni en la gestión empresarial ni en la fiscalidad.
Urge recuperar una cierta seguridad en que tenemos acceso a una información objetiva sobre la marcha de las empresas y de paso evitar el mercado negro, la economía sumergida, que curiosamente aquellos que la califican de “negra o sumergida” se atreven a predicar de ella hasta límites extraordinariamente precisos. Y es que se requiere antes que nada una profunda reforma fiscal que permita reflotar la maltrecha economía española y de paso dotar de trasparencia al sistema productivo de manera que las empresas que tengan beneficios puedan hacer las correspondientes aportaciones a la bolsa común que es al final la que debe garantizar los derechos reales de la ciudadanía.
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